La alteración de datos en las unidades del transporte público, así como en la documentación en que se sustentan placas y tarjetas de circulación, constituye el primer reto que se plantea a la administración de Guillermo Anaya.
Como es del conocimiento, la Contraloría del Estado de Coahuila dio a conocer la semana pasada, anomalías en que incurrieron concesionarios del servicio público, a fin de hacer pasar sus camiones como si fueran de un modelo determinado, con el objeto de aparentar el cumplimiento de requisitos que exige la ley para tener acceso a una concesión.
El caso que hasta el momento involucra ciento veintitrés unidades, afecta al diez y seis por ciento de los autobuses de Torreón y pone en entredicho al proceso de regularización del transporte público, que fuera tan festinado durante la administración de Salomón Juan Marcos.
El problema atañe a los dos niveles de gobierno, porque la Ley de Tránsito y Transporte de Coahuila confiere facultades concurrentes a órganos de estado y municipio en materia de transporte público. Al estado compete la expedición de placas y al municipio el otorgamiento de las concesiones.
Para atender la cuestión en comento, ambas instancias de gobierno cuentan con sus respectivos departamentos, que incluyen un cuerpo de inspectores encargados de verificar los datos que aporta la documentación, confrontados a la realidad física de las unidades. Como consecuencia, se supone que los inspectores cuentan con los conocimientos para detectar falsificaciones, para que al amparo de permisos y concesiones, sólo circulen las unidades que por su modelo y estado de conservación, garanticen un servicio decoroso a favor del usuario.
En esa tesitura, la noticia que es objeto de comentario revela un ultraje a los derechos de la ciudadanía y una burla, además de una forma de fracaso del trabajo que desempeña el gobierno en esta materia.
El desprestigio no sólo alcanza a las instancias gubernamentales y concesionarios, sino a la Confederación de Trabajadores de México afiliada al Partido Revolucionario Institucional, que aparece como defensora de los transportistas defraudadores. Los antecedentes corporativos del viejo sistema político, mueven a sospechar en una complicidad orgánica de funcionarios públicos, transportistas y sindicato, en aras de compromisos electorales y de control.
Pasado el último proceso electoral y ante un gobierno municipal de signo partidista diverso, la Contraloría del Estado se apresura a destapar la cloaca, antes de que la nueva administración se acomode y descubra el fraude por sí misma. Bienvenida la alternancia.
El problema también concierne al Ayuntamiento, en la medida en que está obligado a resolver sobre el sostenimiento o la cancelación de las concesiones. Preocupa la declaración de la actual encargada de Autotransporte Municipal Sandra Mijares, que se pronuncia por ser indulgente con los concesionarios en virtud del problema que para el servicio significaría una cancelación repentina y múltiple de concesionarios y porque según ella los involucrados actuaron “de buena fe” en la medida en que reconocieron su delito y se declararon culpables de la falsificación. La indulgencia ofrecida en tales condiciones, tiene visos de grosera impunidad.
El gobernador Enrique Martínez debe llamar a cuentas a su secretario del ramo Jorge Viesca y el procurador Óscar Calderón, debe iniciar la investigación penal que en derecho corresponda y consignar a los responsables.
Por su parte, el Cabildo que preside Guillermo Anaya debe cancelar las concesiones y convocar a una nueva licitación, sin perjuicio de que se tomen medidas para evitar que una cancelación arrebatada, afecte a los usuarios.
A la Confederación de Trabajadores de México, corresponde pensar en formas creativas de organización y apoyo a sus agremiados, en orden a obtener créditos para adquirir unidades del modelo y condiciones que satisfagan los requisitos de ley, para que la asignación de las concesiones sea el producto de la competencia y del cumplimiento de las normas que existen a favor del usuario y no del fraude, cometido al amparo del privilegio político.