Sin discusión casi, sin que se conocieran de modo expreso los criterios de las fracciones mayores, la del PRI y la del PAN para unirse a esa riesgosa posición, la Cámara de Diputados se entrometió ayer en las funciones del Poder Judicial, al poner en cuestión el proceder del Tribunal Electoral, tras una nueva rabieta del Grupo Verde a causa de la sentencia que ordena rehacer los estatutos y reponer la elección de los dirigente del PVEM.
A nadie asombra la inverecundia de los beneficiarios de ese partido. Tampoco es sorprendente el acompañamiento que le dispensa desde el año pasado el Partido Revolucionario Institucional. Es preocupante, sin embargo, la actitud de la bancada de Acción Nacional, que sin expresar sus razones sumó sus votos, en el procedimiento y en el fondo, a un impertinente pedido verde contra el Trife, pues no cesa de respirar por la herida.
Sólo el Partido de la Revolución Democrática percibió la peligrosidad de la imprudente injerencia en las decisiones jurisdiccionales, sumada al previo amago de juicio político contra los magistrados. No es una amenaza seria, porque carece de mínimo fundamento la acusación de ilegalidad lanzada contra el tribunal por los usufructuarios de aquella patente partidaria.
Pero es un acto hostil, que se agudizó ayer porque más de dos tercios de la Cámara se atrevió a impugnar políticamente resoluciones judiciales que son definitivas e inatacables. Esa gran mayoría, la del PAN y el PRI juntos en apoyo de la desvergüenza verde, alentará al partido de los González (Torres y Martínez) a desacatar la sentencia que hace una semana emitió en su contra ese órgano de la justicia electoral.
Paradójicamente y como muestra de la genuina adhesión del PRD a la autonomía del Tribunal, ayer mismo la sala superior resolvió en su contra la asignación de diputados de representación proporcional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Como se recuerda, el Instituto electoral local dejó a ese partido con las 37 curules de mayoría que ganó directamente el 6 de julio y rehusó otorgarles una sola más, como pretendía el PRD.
Sin embargo, el Tribunal local revocó esa decisión y asignó cuatro curules más al partido ya mayoritario, según criterios técnicos que examinaremos a detalle en otra oportunidad. A su vez, la sala superior del Tribunal federal anuló la decisión del órgano judicial local, dejó al PRD en sus 37 curules (con lo que sigue siendo mayoría, pues la mitad más uno es de 34 curules, ya que el pleno de la Asamblea se compone con 66 miembros). Esas cuatro curules serán, por efecto de esta decisión del tribunal, dos para el PRI, una para el PAN y otra para el partido verde, precisamente los que ayer zarandearon sin base al Tribunal.
En la abigarrada sesión de ayer, el PVEM propuso que la Cámara diera al Trife un tirón de orejas, que a eso equivalió su propuesta de llamarlo a no intervenir en la vida de los partidos. Como si se refiriera a un asunto en curso, en que estuviera a punto de adoptarse una decisión cuyo sentido resultaría afectado de no emitirse esa especie de recomendación, el Verde pidió que el tema se considerara de obvia y urgente resolución y que se supiera del parecer de los legisladores sobre esa solicitud mediante votación nominal. No se procedió de ese modo, por ejemplo, para resoluciones que implican ayuda premiosamente necesitada por damnificados de Baja California Sur y sí en cambio para que la extravagante y peligrosa reprimenda legislativa llegara cuanto antes al Tribunal.
Fue en vano que el diputado Emilio Zebadúa, de la bancada perredista y Diana Bernal miembro también de ese partido pidieran reflexionar en el alcance de la propuesta que poco después sería aprobada, con la incongruencia de someter el fondo a votación económica, es decir a mano alzada, mientras que pidió que en el procedimiento cada uno de los 465 diputados presentes expresara en voz alta su nombre y el sentido de su voto.
El Tribunal le dio al Verde el jueves 4 de septiembre, una noticia buena y otra mala. Esta última consistió en descalificar a sus dirigentes porque fueron elegidos conforme a un estatuto escandalosamente antidemocrático, en que el presidente del partido está en capacidad de decidirlo todo y de vetarlo todo. Pero anuló esa descalificación al dejar en manos de los líderes reconocidos como espurios la enmienda estatutaria y la elección de nuevos dirigentes.
En vez de congratularse con los magistrados por tan benévola decisión, los verdes han organizado una campaña contra el Tribunal, con el apoyo del PRI y ahora también del PAN y las dos bancadas menores, la del PT y Convergencia.
El cumplimiento de esa resolución se verá demorado por el relevo en el Instituto Federal Electoral. Su consejo general será renovado el primero de noviembre y pocos días después se cumplirá el plazo de sesenta días fijado por el Tribunal para la rehechura de los estatutos. Es probable que los nuevos consejeros demoren en elegir comisiones y estudiar la documentación corregida que les sea presentada por los verdes. Deberán revisarla con sumo cuidado, para no hacerse merecedores del reproche que se ha hecho recaer a quienes serán sus antecesores de haber dejado pasar las incongruencias democráticas ahora sujetas a corrección.
Debe aclararse que los estatutos fueron aprobados por un IFE muy diferente del actual, cuando otorgó registro al Verde en 1990 y en 1993. Sólo se reparó en la antidemocracia cuando un militante la denunció ante el Tribunal.