La diferencia suscitada entre el ex alcalde Javier Garza de la Garza y el actual en funciones Guillermo Anaya Llamas, en relación a la presunta expedición de más de cien permisos para venta de bebidas alcohólicas que no fueron aprobadas por el Cabildo anterior, debe ser objeto de aclaración. Lo anterior porque la ciudadanía tiene derecho a conocer las estadísticas sobre el particular y los pormenores del otorgamiento de los permisos.
Según antecedentes, la presente administración lanzó una acusación al respecto que fue contestada por el ex presidente substituto, en el sentido de que durante los tres años pasados sólo se expidieron treinta y cinco permisos. Agrega Garza de la Garza que en caso de que exista documentación que ampare más licencias, las mismas son resultado de una falsificación que como tal, debe ser investigada y castigada si se llegare a probar.
El contenido y tono de la discusión preocupa en cualquiera de los casos, porque indigna por igual si las imputaciones son ciertas o falsas, así como que se expliquen en función de una presunta falsificación. A la alteración de los documentos relativos a las concesiones del autotransporte, se sumaría una nueva variante por iniciativa exclusiva de particulares beneficiarios o en complicidad con funcionarios.
Resulta inadmisible la turbiedad generada en torno al tema y en consecuencia, corresponde al Alcalde en funciones hacer las aclaraciones que contribuyan a la transparencia, tal y como lo ofreció durante su campaña. Sin embargo a dos meses y medio de iniciada la actual administración, aún no se concreta la forma en que la información sobre la Cosa Pública, habrá de fluir de manera eficiente y responsable.