EL PAÍS
MADRID, ESPAÑA.- Los datos de entradas y salidas de extranjeros ofrecen un panorama aproximado sobre aquellos que ingresan como turistas y, transcurridos los tres meses de vigencia del visado, se quedan de forma irregular. Es aproximado porque ‘la diferencia entre el número de entradas y salidas de ciudadanos de diferentes países no significa que se encuentren en España de forma irregular’, tal y como ha explicado el Ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria al diputado de Convergencia i Unió (CiU) Carles Campuzano.
Lo que sí reconoce el Ministerio del Interior es que esa es la gran vía de entrada de personas que llegan legalmente y se convierten en irregulares. Por ello, en la reforma de la Ley de Extranjería que ya está en el Congreso se incluye un artículo para que las compañías de transportes faciliten los listados de personas que han llegado a España y, transcurridos los tres meses citados, no utilizan el billete de vuelta (el boleto de ida y vuelta es un requisito imprescindible para permitir la entrada legal).
Los datos policiales de entradas y salidas indican cómo de los 550,000 naturales de 17 países del centro y del sur de América que durante el año 2002 atravesaron las fronteras españolas, sólo salieron en todo el año algo menos de 86,000. ¿Dónde están las 464,000 personas restantes? Eso fue lo que le preguntó Campuzano a Acebes en el Congreso tomando sólo dos datos: entraron 128,312 argentinos y salieron 18,742; ingresaron 101,432 ecuatorianos y salieron 874. Según datos oficiales, desde 2000 los irregulares que se han acogido al retorno voluntario sólo suman 705.
Interior explica que una vez que entran en España legalmente tienen todo el espacio Schengen para moverse libremente ‘sin estar sometidos a controles en las fronteras interiores’, por lo que ‘no todos se habrán quedado’.
Sin embargo, fuentes policiales relacionadas con el control de fronteras hacen una precisión: ‘Es cierto que pueden haberse ido a otro país de la Unión Europea, pero también es cierto que cada año entran por Bélgica y Holanda o Alemania miles de latinoamericanos, porque el control hacia ellos es más débil, y acaban llegando aquí, por lo que una cosa compensa la otra’. Campuzano opina que el dato ‘es muy contundente y muy indicativo de la situación de la inmigración irregular, ya que sólo paseando por las calles puede verse la gran cantidad que hay de argentinos, ecuatorianos o colombianos’.
Ciudadanos argentinos
El dato de los ciudadanos argentinos es especialmente significativo. Durante todo el año pasado, según los datos de la Delegación del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería, obtuvieron permiso de trabajo y residencia un total de 4,703 naturales de dicho país. No hay rastro de los otros 106,000 que entraron y no se fueron.
Las cifras dejan cortas las estimaciones de las ONG vinculadas a la inmigración, que siempre hablan de entre 500,000 y 600,000 inmigrantes irregulares. Esta estimación fue rechazada el miércoles mismo por Ángel Acebes, ministro del Interior, antes de descartar la posibilidad de convocar otro proceso extraordinario de regularización de inmigrantes: ‘No hay una cifra oficial de irregulares y yo no creo que deba haber otro proceso de regularización, porque sería darle la razón a las mafias, que les dicen a sus víctimas que da igual llegar a España de forma legal o ilegal’.
Pese a no existir una cifra oficial, Interior sabe que el padrón municipal es una de las claves para conocer la diferencia. Motivo por el cual quiere una nueva normativa para que los ayuntamientos tengan mucho más al día los datos de empadronamientos y, sobre todo, que las fuerzas de seguridad tengan mejor acceso a él. El padrón de 2001, el último disponible, desmiente la cifra oficial de extranjeros residentes en España. La oficial es que aquí viven legalmente 1’109,060, pero los datos del padrón de ese año elevan el número a 1’572,017. Es decir, hay una diferencia de 463,957 personas.
Especialmente significativos son los datos de enero de 2003 de los padrones de los dos mayores ayuntamientos de España, Madrid y Barcelona. La capital de España tiene empadronados a 361,236 extranjeros, pero la cifra oficial de residentes en toda la Comunidad de Madrid es de 272,692.
En el caso de la capital catalana la diferencia es menos abultada: Barcelona tiene en el padrón a 163,046 extranjeros inscritos, frente a los 115,415 que tienen tarjeta de residencia. Entre ambas ciudades, la diferencia entre un sistema de recuento y otro es de 136,175 personas.
Los inmigrantes irregulares que ya están aquí no existen para el Ejecutivo. Se sabe que están, pero no se les va a permitir acceder a la legalidad a través de un nuevo proceso de regularización, como los que ya acompañaron a la promulgación de las dos últimas leyes de extranjería. La frase lanzada el miércoles por Ángel Acebes, ministro del Interior, no deja lugar a dudas: ‘Un nuevo proceso de regularización sería dar la razón a las mafias, que para reclutar a los inmigrantes les dicen que da igual si se llega de forma legal o ilegal, porque al final te quedas y te dan papeles’.
Por eso, la intención del Ejecutivo es que comprueben ‘que lo que le han prometido las mafias no se cumple y que sólo se puede venir correctamente a España de forma legal y ordenada’. Pero, ¿qué pasa entonces con los que ya están aquí? ‘Se les va a hacer la vida cada vez más difícil, hasta convertirla en un infierno’, según Felipe Alcaraz, diputado de Izquierda Unida en el Congreso. ‘Pero es que no se puede estar en un proceso de regularización permanente, porque la capacidad de España es limitada y si se supera la capacidad sólo se generarían caos y dificultades para la convivencia’, agregó Acebes durante la firma de un convenio para agilizar los trámites para solicitar permisos de residencia.
La bolsa de irregulares ha ido creciendo a pesar de los anteriores procesos de regularización, que sacaron a la legalidad a cientos de miles de extranjeros. Pero, según las ONG, quedan muchos miles. Un dato esencial puede extraerse de los contratos de extranjeros no comunitarios para ejercer tareas del servicio doméstico: sólo se celebraron 3,138 contratos en 2002, una cifra que los expertos consideran ‘ridícula’ a la vista del ‘enorme’ número de empleadas del hogar, jardineros y personas extranjeras que atienden a ancianos que trabajan sin papeles, ni contrato ni seguridad social.