De resultar cierta la versión de que un ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra detenido, procesado por haber aceptado un soborno de 500 mil dólares, para que la sala penal de un Colegiado dictara una resolución que puso en libertad a un presunto asesino de una menor, en hechos acaecidos en el año de 1986, sigue recibiendo su sueldo íntegro, cercano a los 150 mil pesos mensuales, estaríamos en un caso insólito que cualquiera se resiste a creer. En el año de 2001 este funcionario hubo de ser extraditado después de que había huido a los Estados Unidos de América al perder dos juicios de amparo con los que pretendía anular la orden de aprehensión librada en su contra. El delito que se le atribuye es el de cohecho. El caso: una niña, de escasos seis años de edad, es secuestrada, violada y asesinada, causando conmoción en la sociedad de aquella época, que esperaba que al autor del crimen le aplicaran un castigo ejemplar.
Lo que se supo a continuación es que el victimario, de nacionalidad estadounidense, había sido liberado. Ante la reacción pública de repudio, contra una evidente resolución que ponía en libertad al acusado, a pesar de las pruebas contundentes en su contra, se inició por la Suprema Corte una investigación de la que resultó que el abogado Enrique Fuentes León, defensor del extranjero Alejandro Braun Díaz, radicado en Acapulco, donde aconteció el lamentable suceso, había logrado corromper al entonces ministro Ernesto Díaz Infante, junto a los magistrados Eufemio Zamudio Alemán y Gilberto Arredondo Vega. La cuestión es que el ex ministro que está tras las rejas no ha perdido sus derechos laborales mientras la sentencia no sea definitiva, dicen los que consideran legal que se le entregue su salario. No se le inhabilita, se argumenta, porque está sub judice. Eso de sub judice es un latinajo que indica que aún está sujeto a la jurisdicción de un juez por lo que su juicio no ha terminado.
Para entender qué es lo que acontece sería bueno regresar al pasado. En efecto, al iniciar su sexenio Ernesto Zedillo Ponce de León disolvió la anterior Suprema Corte jubilando a los ministros quienes ahora perciben, de por vida, la suma aproximada de 150 mil pesos mensuales libres de polvo y paja. A un magistrado se le cubre un sueldo de unos 130 mil pesos. Lo que da lugar a que nos preguntemos: ¿qué fue lo que llevó a todo un señor ministro de la Corte a caer en la apostasía? ¿Se dejó cautivar por el sonido vibrante de la plata? ¿O era acaso un individuo carente de decencia cuya degradación no le permitía diferenciar lo bueno de lo malo? Para contestar a esas preguntas recordemos que en los regímenes anteriores a Vicente Fox la designación de ministros era, en veces, caprichosa. El Presidente de la República en funciones escogía para substituir a un retirado por jubilación o muerte a sus amigos, o premiaba a algún político. El único requisito era que tuviera título de Licenciado en Derecho, sin importar que sus antecedentes no fueran los que el puesto requería, ni tampoco que careciera de las cualidades que debe tener un funcionario de ese rango.
Lo anterior explicaría, en parte, el porqué el ministro en cuestión renegó de su apostolado, dejándose seducir por la codicia. Ignoramos si en verdad se le sigue remunerando su trabajo tal como si estuviera en funciones y nada hubiera pasado que empañara su desempeño como encargado de impartir justicia. De ser así, estimando que sus derechos laborales siguen vigentes, hasta en tanto no haya una resolución condenatoria irrebatible, cobrando lo que en la actualidad gana por concepto de sueldo un ministro en funciones, nos parece criticable hasta el extremo de considerar que es indebido el pago de esos haberes. Lo correcto sería que si la sentencia lo absolviera de los cargos, por no existir elementos probatorios que demostraran su culpabilidad, declarado inocente, se le restituyera en su puesto con la entrega de las prestaciones retenidas. En fin, aquí se podría aplicar aquel dicho popular de que en casa del herrero cuchillo de palo.