13 junio 2003
Caracas, (EFE).- La violencia volvió a apoderarse de las manifestaciones políticas en Caracas, donde se registraron al menos un muerto, cinco heridos de bala, decenas de intoxicados por gases lacrimógenos y tres detenidos.
El ex presidente del Parlamento y diputado oficialista William Lara confirmó a la estatal "Venezolana de Televisión" (VTV) la muerte de una persona y la "extrema gravedad" de dos de los heridos.
Dos manifestaciones, una de partidarios y otra de opositores al gobierno del presidente Hugo Chávez y celebradas, ambas, en Petare, una populosa zona al este de Caracas considerada un bastión "chavista", terminaron en fuertes disturbios en los que intervino la policía con el lanzamiento de gases lacrimógenos.
La violencia dejó el saldo fatal preliminar de un muerto, cinco heridos de bala, siete contusionados y decenas de intoxicados por los gases, incluidos los pacientes de un hospital ubicado en el centro de la zona en que tuvieron lugar las concentraciones.
Según el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, y varios testigos, el fallecido era un simpatizante oficialista.
La acción policial con el lanzamiento de gases lacrimógenos, para algunos de los testigos "exagerada", afectó al Hospital Pérez de León, que tuvo que ser desalojado, según detalló Rangel, quien se presentó en el lugar de los hechos.
La sala de emergencia y área pediátrica fueron cerradas, pues al menos 25 de sus pequeños pacientes resultaron afectados por los gases, lo cual generó indignación entre el personal médico.
Los demás pacientes y el personal administrativo también sufrieron los efectos de los gases lanzados por la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional (GN, policía militarizada) y la policía regional del central estado de Miranda.
Según VTV, la policía lanzó gases lacrimógenos incluso hacia las residencias adyacentes a las manifestaciones.
La policía detuvo a tres personas que portaban armas de fuego y, según la emisora caraqueña "Unión Radio", dos de ellos "admitieron ser miembros de los Círculos Bolivarianos", calificados por la oposición como brigadas de choque "chavistas" y como grupos de trabajo social por el oficialismo.
Rangel, varios activistas oficialistas y testigos afirmaron que la concentración "chavista" fue atacada con "armas de fuego de guerra, francotiradores y perdigones de plomo" por la PM, bajo la responsabilidad del alcalde Metropolitano, el opositor Alfredo Peña.
La primera arremetida con gases fue hacia el lado de los manifestantes "chavistas", quienes protestaban por la concentración político de la oposición, llamada "El Petarazo".
Los simpatizantes oficialistas respondieron a la policía lanzando piedras, quemando neumáticos en la vía pública y utilizaron como trincheras grandes botes de metal, luego asaltaron, quemaron y destrozaron a martillazos una garita de la PM.
Posteriormente, los gases lacrimógenos se dirigieron hacia la concentración opositora, donde los manifestantes fueron dispersados, pero minutos después retornaron a la estrecha calle donde se desarrolló el acto, que duró casi dos horas.
El vicepresidente responsabilizó de la violencia a la oposición, a la PM y a la Policía de Miranda, y anunció que se abrirá una investigación para determinar la autoría de los hechos.
Rangel afirmó que este tipo de acciones forma parte de "un plan golpista de la oposición" que no cesa en su intento de desalojar a Chávez del poder.
"Estamos en presencia una vez más de una celada anunciada", dijo Rangel, quien afirmó que el Gobierno revisará la legislación que garantiza el derecho a manifestarse.
El diputado Lara anunció que solicitará al fiscal general, Isaías Rodríguez, que investigue a la PM, a Peña y al gobernador del estado Miranda, el opositor Enrique Mendoza, a quienes llamó "fascistas".
El alcalde del municipio Sucre, donde se desarrollaron los disturbios, Jose V. Rangel Avalos, también acusó a Peña de "irresponsable" por permitir la manifestación opositora en una zona considerada "chavista".
En Venezuela donde los crímenes políticos eran virtualmente desconocidos, desde la intentona golpista de abril de 2002, han muerto unas 57 personas y se han herido con armas de fuego a más de 300, en un contexto de violencia política que incluye el hostigamiento y amedrentamiento.
Chávez acusa la oposición de promover el caos para justificar su derrocamiento. Sus adversarios sostienen que el presidente incita a sus partidarios a atacar a los disidentes.
Unos 200 miembros de grupos oficialistas, conocidos como Círculos Bolivarianos, se concentraron en la redoma de Petare, un lugar de paso obligado para los manifestantes opositores.
"Estamos aquí defendiendo la revolución, no estamos provocando a nadie, pero tampoco vamos a permitir que Petare se embochinche (alborote)", dijo Lina Ron, líder de los radicales grupos oficialistas.
Los Círculos, creados en el año 2001 por Chávez, son acusados de ser el mecanismo del gobierno para castigar e intimidar