Quiérase o no, en unos días vamos a saber de que está hecha la justicia federal. Si de acero es su broquel, se abrirán las rejas de la cárcel para que ocupe una celda, previa acción judicial que le separaría de su cargo, el Jefe del Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, quien, se dice, ha incurrido en desacato al negarse a cumplir con una ejecutoria de amparo. Y aquí si no hay lugar para donde hacerse: u obedece el mandamiento judicial, pagando una suma fabulosa por concepto de indemnización o con todo y su bocho va a parar a chirona. Es un asunto que se considera cosa juzgada, contra la que nada puede hacerse. Dice Andrés Manuel, el titular más popular desde que Ernesto P. Uruchurtu ocupó el mismo cargo, allá por los años cincuentas, de la centuria pasada, que: “el dinero del presupuesto es dinero de todo el pueblo y yo no lo voy a dar a una pandilla de rufianes amancebados con autoridades judiciales” o séase, se refiere, en este último caso, a la juez Octava de Distrito “B” en materia administrativa, de nombre Gabriela Rolón.
Con esa actitud rebelde, a obedecer un mandato de autoridad competente, está incurriendo en una desobediencia que debe ser sancionada “en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad”; la comisión de este delito entraña la inmediata destitución de la autoridad, si no hay impedimento constitucional para ello, lo que hará el pleno de la Suprema Corte de Justicia, que a continuación consignará al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal que corresponda. El antecedente es que el decreto expropiatorio, librado por la autoridad, se consideró ilegal, concediéndose la protección a un quejoso, ordenándose la devolución del predio o el pago de una indemnización si no fuera posible restituirle en el goce de su derecho de propiedad. En estos días el encargado de gobernar el D. F., Andrés Manuel López Obrador, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 97 constitucional, solicitó la creación de una comisión investigadora para conocer de presuntas máculas que ensucian el proceder de la juez de Distrito. El pleno de la Corte dictaminó que carece de legitimación constitucional para aceptar una petición de ese tipo, rechazándola por notoriamente improcedente. El motivo que adujo, el más alto Tribunal de la Nación, es que el ejecutivo del Distrito Federal no es un gobernador, los que, junto con el presidente de la República y las dos cámaras legislativas, sí están facultados para hacer tal gestión.
He oído que, con esa picardía de que ha hecho gala en otros asuntos, promovió un recurso de reclamación contra la decisión del pleno de la Corte de negarle legitimidad. También estaba pendiente una queja en el amparo que declaró ilegal el decreto de expropiación a pesar de que la resolución es res iudicata. Ante esto se me ocurre, debe hacer los arreglos pertinentes para que uno de los gobernadores de alguna entidad federativa, perteneciente al PRD, haga el trámite. El precepto constitucional que habla de que pueden pedirse se integren comisiones investigadoras no requiere que las decisiones hayan afectado a una determinada entidad federativa, pues es suficiente para hacer la solicitud que quien haga el pedimento ponga en tela de juicio la honorabilidad de un miembro de la justicia federal para que la petición prospere. Dentro de la más depurada hermenéutica jurídica el artículo 97 aludido no exige más requisito que sea uno de los 32 gobernadores, que señale en que debe consistir la averiguación y a quién se le debe esculcar el bolso, no requiriendo que el asunto, sujeto a la indagación, haya dañado el entorno del compareciente. Cuando menos el texto de la disposición constitucional nada dice al respecto. En realidad todos estamos interesados en que la conducta de los servidores dentro del poder judicial se mantenga inmaculada.
El conjuro con el que suele exorcizar a sus contrarios le ha servido a López Obrador para ganar casos difíciles. ¿Le servirá esta vez? Está terco en que el Consejo de la Judicatura Federal averigüe la actuación de la juez de marras. Y ya encarrilado expone que los abogados del Gobierno ejercieron una mala defensa, creyéndose fueron “maiceados” por lo que presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría capitalina. La cuestión es que el tiempo corre en su contra pues los recursos, ni la conformación de una comisión investigadora, en caso de que la Corte accediera a ello, interrumpe el procedimiento que corresponde a la demanda que por desacato se sigue en su contra. En fin, lo dicho, ¿veremos o no estrenando traje a rayas al más reputado aspirante a la Presidencia de la República?