EL SIGLO DE TORREÓN
Gómez Palacio, Dgo.- El pánico y la impotencia se apoderaron de Adriana Carmona. La mujer pidió desesperada la ayuda de la alcaldesa Leticia Herrera Ale. Su temor: La posible absolución de José Antonio Olazábal López de 33 años, sujeto que abusó sexualmente de la quejosa y tiene en su haber más acusaciones de crímenes pendientes.
Preocupada más por la probable libertad del sujeto también conocido como ?El Tony?, Adriana Carmona no reparó en reservar su identidad a pesar de haber sido víctima de una violación junto con su empleada, el pasado cuatro de marzo del presente año.
La súplica fue desesperada. El cambio de Juez Penal, cuestionamientos al magistrado que permitió su liberación el pasado diez de septiembre, la garantía de que el hombre que la atacó sexualmente no vuelva a la calle.
Indignada por el caso, Leticia Herrera ordenó al titular del departamento Jurídico que tomara conocimiento de los hechos y en la medida de sus facultades, brindara todo el apoyo necesario a la afectada, que también fue canalizada a la Procuraduría de la Defensa de la Mujer.
Actualmente José Antonio Olazábal se encuentra en el Cereso local y su situación legal lo tiene sujeto a dos autos de formal prisión. Uno por robo con violencia cometido el pasado 27 de septiembre y otro por la doble violación y robo donde se vio afectada Adriana Carmona y su empleada.
Hay más denuncias
En las agencias del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales hay cuatro denuncias pendientes contra José Antonio Olazábal. Al respecto, Joaquín Saucedo Flores, titular de la Subprocuraduría informó que tres de los casos serán rescatados de la mesa tres ?actualmente suspendida? y enviados a las dos mesas activas.
La razón por la cual tres de las denuncias permanecen ?congeladas? es que fueron interpuestas ante la mesa tres de Delitos Patrimoniales, entonces a cargo del agente Juan Filiberto Estrada Rendón, funcionario que está suspendido de su cargo desde el pasado primero de octubre.
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Extraña
absolución
A pesar del número considerable de expedientes en su contra, José Antonio Olazábal López logró librarse de una de las acusaciones donde según las autoridades fue detenido en flagrancia. Extrañamente, después de la absolución del magistrado, el Ministerio Público adscrito, no apeló la determinación en el lapso correspondiente. El caso está sobreseído.
El decreto del magistrado, Rodrigo Calderón, emitido el diez de septiembre del presente año, benefició al inculpado Olazábal López.
El caso obedecía al robo consumado en la dulcería Chavita de la avenida Aldama y bulevar Sánchez Maradiaga, lugar donde el presunto fue capturado en flagrancia.
Junto a la revocación del auto de formal prisión determinado por el Juez Primero del Ramo Penal, Luis Eduardo Montoya, también, con la misma fecha, el juzgador negó la orden de aprehensión contra el señalado por el delito de doble violación y robo. Dos meses después reconsidera su postura y se cumplimenta el mandato judicial.
En la procuración de justicia algo salió mal. De forma deliberada o no, el Ministerio Público adscrito notificó o no, a su similar en la agencia investigadora. Al final, Olazábal quedó exento. La defensa fue buena... o la burocracia disfrazada, mejor.