La actual administración ha hecho esfuerzos, sin que todavía sea suficiente: IP
La Secretaría de la Contraloría asegura que la actual administración estatal ha incrementado los niveles de transparencia y de combate a la corrupción, sin que eso signifique que Durango ya resolvió ese problema, porque no es cuestión de voluntad ni de unos cuantos días, sino de un proceso que tarda algo de tiempo, reconoce.
“En eso estamos en el Gobierno del Estado”, señaló Juan Gerardo Parral Pérez al ser entrevistado por El Siglo de Durango en su oficina de la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa, en calle Pino Suárez esquina con Zaragoza.
“La transparencia –abunda el funcionario-, hay que aclararlo, no sólo implica la información clara sobre los recursos públicos, sobre los ingresos y los egresos; la percepción social en ese sentido también es en relación con la aplicación correcta de los presupuestos, los niveles de corrupción que se abaten, la calidad de los servicios, el seguimiento de las quejas y reclamos”.
Durango ya está en el proceso de transición de la opacidad a la transparencia en lo que se refiere a la información pública, y de cierta forma coincidió con algunas voces del empresariado en el sentido de que algunos funcionarios consideran como patrimonio propio o del gobierno la información que poseen.
Con la Ley de Acceso a la Información Pública de Durango, recientemente aprobada por los diputados y la cual entrará en vigor en el 2004, se tendrán que dar pasos más ágiles en este sentido.
Dijo: “Este proceso cultural es de los ciudadanos como de los gobernantes, de manera tal que los primeros tengan conciencia de la importancia de la denuncia, y que los segundos reconozcan la importancia de estar informando lo que sucede con la administración pública”.
Juan Gerardo, ex presidente del Colegio de Notarios y actual titular de la Contraloría del gobierno local, acentuó que la obra pública es el punto más álgido en cuanto a reclamos de la sociedad por falta de transparencia, a pesar de que se mencionan casi siempre los montos de inversión que cada trabajo representa.
Parral Pérez concluyó que el seguimiento de las quejas de la sociedad contra servidores gubernamentales es una herramienta de vital importancia para lograr transparentar la función pública, ya que si la gente confía en que se da real atención a su reclamo, se interesará porque las cosas se hagan bien y, de lo contrario, denunciará las cuestiones aparentemente anómalas.
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En esto andamos bien: IP
El empresario Jorge Saravia Castillón, presidente del Sector Privado Empresarial (SPE), dejó claro que los recursos públicos han sido bien aplicados en esta administración estatal, y remarcó que la percepción social de que falta más transparencia no implica por fuerza que haya cuestiones oscuras o ilegales.
Agregó: “Vemos que se ha avanzado en el actual gobierno, que el titular del Ejecutivo se acerca a la sociedad cuando es necesario dar una explicación sobre préstamos, ingresos, egresos, cuentas, etcétera. Eso es positivo para todos los que queremos que se hagan con limpieza y transparencia las funciones de los gobiernos”.
Saravia indicó que los diputados y los representantes populares tienen la obligación de informar a la sociedad sobre lo que ocurre con la función pública, dado que tienen acceso directo a los pormenores públicos de los tres poderes de gobierno y su deber es que esos datos bajen a la ciudadanía a la que representan.
Aunque reconoció en reiteradas ocasiones que no hay oscurantismo en la actual administración, sino por el contrario, se han dado pasos importantes como pudiera ser incluso la promoción de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, el líder empresarial enfatizó: “Siempre se puede y se debe mejorar. Es decir, no porque estemos bien signifique que hasta ahí es suficiente. La transparencia de la función pública requiere cada vez más y más trabajo en ese sentido”.