Un mensaje repetidamente exhibido en algunos canales de televisión presenta un asalto con violencia: un vehículo cierra el paso con chirriar de llantas a otro, manejado por un individuo al que de pronto varios más reducen. De tal modo ocurre la escena, que el anunciante se ve en la necesidad de aclarar que no se trata de un secuestro (pues tiene toda la apariencia de serlo) sino al contrario, que es la captura de un secuestrador. El mensaje es de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que advierte a los delincuentes que “los va a agarrar”, porque ahora si “va en serio”.
En su campaña de publicidad, que aspira a ser vista por los delincuentes y en cambio llega a los pacíficos ciudadanos que tal vez se asustan por el insensato despliegue de fuerza con que se efectúa esa captura, la AFI presentó antes un mensaje que es la desmesura misma, pues se compara con el FBI y con Scotland Yard. La desproporción proviene de que esas instituciones funcionan desde hace mucho tiempo (la policía británica con aquel domicilio desde 1829) y han tenido sobrada oportunidad de probar su eficacia.
La AFI mexicana se halla exactamente en el extremo contrario: es una agencia prácticamente recién nacida y la medida de sus capacidades la proporciona su fracaso en el intento, presumimos que lo realiza, por detener a uno de sus miembros, el comandante Hugo Armando Arellano Muro, prófugo desde hace un año. Tal ineptitud para practicar esa detención sería grave, porque es de imaginar que sea posible seguir la pista sin dificultades a una persona vinculada con la AFI, por la información que ese organismo debe reclamar de sus integrantes. Es peor, sin embargo, lo que probablemente ocurre: que la incapacidad para obrar esa detención resulte en realidad de un encubrimiento prolongado.
Según la orden de aprehensión de un juez, el 30 de marzo del año pasado Arellano Muro privó de la vida a Guillermo Vélez Mendoza. Participaron en el homicidio cuatro miembros más de la AFI, a quienes originalmente se había exonerado, pues el ministerio público actuó desde entonces con lenidad punible. Ahora esos compañeros de Arellano Muro están bajo proceso, pero no su comandante, cuya captura fue ordenada el 7 de abril pasado, sin que haya sido posible cumplir el mandato judicial.
Vélez Mendoza fue sacado de su domicilio con engaños, y llevado por la fuerza a instalaciones de la Procuraduría General de la República. Se pretendió que era miembro, y aun jefe de una banda de secuestradores, aunque en realidad la versión fue creada a posteriori para justificar el que Vélez Mendoza sucumbiera ante el maltrato de que fue víctima. La maquinaria de la PGR actuó para culpar a la víctima de su propio deceso y para atribuirle una conducta delictuosa que, en la torcida mentalidad de los impulsores de la maniobra (que incluyó a altos funcionarios de la procuraduría federal) explicaba y aun justificaba el homicidio.
La insistencia del padre de la víctima, Guillermo Vélez Pelayo, en conocer la verdad y restituir a su hijo la reputación que la infamia de la PGR había dañado, consiguió una apreciación sustantivamente distinta de los hechos por la autoridad judicial y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ha sido insuficiente: ni aparece el principal inculpado, Arellano Muro, ni nadie en la PGR ha tenido la hombría de bien necesaria para admitir que se atribuyó a la víctima una conducta que ni siquiera se había esbozado formalmente.
Según el resumen del caso en su informe anual, la CNDH “advirtió violaciones al derecho a la vida, a la integridad y la seguridad personal, a la legalidad y la seguridad jurídica y a la protección a la honra y la reputación personal de quien en vida llevó el nombre de Guillermo Vélez Mendoza, cometidas por personal de la Procuraduría General de la República, por acciones consistentes en detención arbitraria, trato cruel y degradante, homicidio, irregular integración de la averiguación previa y ejercicio indebido de la función pública”.
Las recomendaciones emitidas por esa Comisión fueron parcialmente cumplidas, no obstante la gravedad de los hechos, ya que “la detención de que fue objeto el señor Guillermo Vélez Mendoza, que tuvo como consecuencia su muerte, fue totalmente arbitraria, pues se fundamentó solamente en una orden de localización y presentación del ministerio público para que compareciera en calidad de testigo, lo que de ninguna manera podía legitimar que le fuera restringida su libertad y menos de manera violenta, como sucedió”.
En buena hora reparó la CNDH en una práctica reiterada por la AFI, que sigue puntualmente el ejemplo de su antecedente, la Policía Judicial Federal de la que se diferencia en que es exactamente la misma. Se trata de la adulteración de las órdenes para localizar y presentar a una persona, aun como indiciado, que en los hechos se utilizan como órdenes de aprehensión. (En buena hora también un tribunal federal, el tercero colegiado del vigésimo circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Chis., ha salido al paso de esa arbitrariedad puntualizando que “el ministerio público está impedido de obtener coactivamente la comparecencia a declarar del presunto implicado en los hechos que investiga, aun cuando aduzca que sea para hacer efectiva su garantía de defensa, ya que ello es contrario al espíritu del legislador constitucional” (Reforma, 29 de marzo).
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. La AFI sólo ha mudado el atuendo de sus miembros. Sólo eso. Nada más.