TORREÓN, COAH.- Hoy vence la ampliación del término constitucional solicitada por la defensa de los tres involucrados en la muerte de Enrique Casillas Treviño, con el objeto de desahogar pruebas en su favor a fin de que sean tomadas en cuenta por la juzgadora a la hora de resolver la situación jurídica de los inculpados.
Será María Luisa Valencia García, jueza tercera del Ramo Penal, la que este día dicte el auto de formal prisión en caso que considere que tiene los elementos suficientes para ello o de lo contrario los detenidos habrán de ser liberados.
Carlos Durán Fernández, secretario técnico de la Delegación Laguna uno de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), confió en que con todas las pruebas que se lograron recabar en contra de Ignacio Alberto Salas Arteaga, Jaime Rodríguez Rosales y Óscar Contreras Torres, quienes permanecieron por espacio de 28 días bajo arraigo en el hotel California, conseguirán el auto de formal prisión.
Lo anterior, luego que en dos ocasiones el Ministerio Público solicitó la ampliación de la citada medida cautelar a fin de aportar nuevas pruebas contra los inculpados, por lo que hasta el pasado miércoles 30 de abril a las 01:30 horas fue cuando finalmente dicha representación social consignó la averiguación previa y posteriormente se obsequió la orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado con circunstancias de retribución dada o prometida, premeditación, ventaja y alevosía.
Enrique Casillas Treviño, de 32 años de edad, a quien apodaban “El Casco” y/o “El Español”, murió acribillado con siete impactos de arma de fuego calibre .22, el pasado 24 de marzo poco antes de las 10:00 horas, cuando un solitario gatillero lo “cazó” por la espalda en el interior de un negocio ubicado en calzada Abastos No. 1620-9 de la colonia Magdalenas.
Las investigaciones del Ministerio Público condujeron hacia Óscar Contreras Torres, alias “El Bizco”, señalado como autor material y que fuera contratado por Jaime Rodríguez Rosales, “El Manotas”, para que hiciera “el jale”. Todo esto planeado por el concuño del hoy occiso, Ignacio Alberto Salas Arteaga.
Temen resolución adversa
Funcionarios de la PGJE de Saltillo se encuentran en esta ciudad a fin de seguir de cerca este homicidio, pues se presume que la averiguación previa penal no vaya muy firme y esto repercutiría en que la jueza dictara el auto de libertad para los presuntos responsables.
Por tal motivo, Gerardo Pérez Pérez, director de Averiguaciones Previas “C”, se reunió con Carlos Durán Fernández, secretario técnico de la Delegación Laguna Uno; Gerardo Villavicencio Valdés, coordinador “B” de Homicidios y Fernando Ruiz Castañeda, agente del Ministerio Público encargados del caso de Enrique Casillas Treviño.
Desde el pasado martes, los cuatro se encuentran “concentrados” a puerta cerrada en las oficinas de Control de Procesos, ubicada en las instalaciones de los Juzgados Penales, donde esperan que este día la juzgadora resuelva la situación jurídica de los tres involucrados.
Confianza en el Poder Judicial
Por su parte, el abogado defensor de Ignacio Alberto Salas Arteaga, Manuel Alberto Flores Hernández, externó su confianza hacia el Poder Judicial, así como en la ética de los juzgadores para que no se dejen influenciar por presiones, súplicas o encomiendas de nadie en particular.
Esto, después que la defensora de oficio, María Isabel García Reyes, durante su comparecencia en el Juzgado Tercero Penal, cayó en contradicciones en su declaración, evidenciando nerviosismo e inseguridad y que es sujeta a fuerte presión, quizás de parte de las autoridades.
Como ejemplo de lo anterior, manifestó que Salas Arteaga llevaba zapatos y pantalón de vestir cuando rindió su declaración ministerial y en realidad llevaba pijama y calcetones.
Otro punto es que asegura que Ignacio firmó el oficio de su declaración luego que la leyó, lo que resulta increíble, ya que por padecer de una seria afección visual, requiere por fuerza de anteojos para leer, subrayó el abogado.