Se comenta que al alcalde Guillermo Anaya le está faltando tacto en sus relaciones con el sector privado, para ello dan tres “botoncillos” de muestra: Hace algunos días se inauguró el negocio “Seguros Atlas”, asistiendo entre otros, diversos dirigentes empresariales que por largo rato esperaron la llegada del Alcalde, siendo necesario que el anfitrión se comunicara con el secretario particular, el cual informó que “ya iba para allá”, cosa que no ocurrió y según dicen, dos horas después llegaron en su representación Ricardo Muñoz y Luis Gurza Jaidar, lo que no fue del agrado y llovieron las críticas para don Memo.— Hace ocho días se inauguró la fábrica “Humphrey Pecan”, en la que el Alcalde cortaría el listón, pero media hora antes informaron que no podría asistir y para colmo tampoco mandó representante, quedando también un mal sabor de boca entre organizadores y asistentes.— El último “botoncillo” y dicen hay otros más, fue con el Club Sembradores de la Amistad cuyos integrantes se encuentran molestos con el jefe de la comuna porque con un simple aviso de menos de 24 horas les quitaron la administración de la Unidad Deportiva Nazario Ortiz Garza, misma de la que se hacían cargo del mantenimiento y operación desde hace quince años y cuyas utilidades dedicaban a promover becas de estudiantes, principalmente de Escuelas Técnicas. Se dice que lo que molestó a los Sembradores de la Amistad (donde también hay simpatizantes del PAN) fue la forma brusca en que prácticamente los corrieron, sin tener un previo diálogo con el Alcalde, situación que motivó feitos comentarios para el jefazo y equipo de colaboradores. Algunas voces sugieren que don Guillermo debería tomar un curso de relaciones políticas y si no cuando menos buscar la asesoría de viejos zorros en estas lides.
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Diversos y sonados casos penales ocurridos en Torreón, han fomentado el desprestigio en la procuración e impartición de justicia en Coahuila. A la lista de ineficiencias que preocupan a la comunidad y que pudieran ser producto de presiones y corruptelas, se agrega el auto de libertad que dictó la juez penal Maria Luisa Valencia en favor de Ignacio Salas Arteaga, presunto homicida intelectual de Enrique Casillas Treviño alias “El Casco”. Se desconocen los argumentos y razones jurídicas válidas (si es que las hay) que tuvo la citada juzgadora para ponerlo en libertad. Desde ese tiempo corrieron versiones de que no se tenían argumentos sólidos para dictar la soltura y que la misma obedeció a órdenes y presiones de “más arriba”. Recientemente la sala del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto de libertad dictando formal prisión por homicidio calificado al citado Salas Arteaga; pero a estas alturas difícilmente lo podrán detener porque el “pájaro ya voló”, tal y como dicen fue fríamente calculado desde que la juez concedió la libertad. Nuevamente la justicia coahuilense queda en entre dicho y lo menos que podría esperarse del presidente del Tribunal, Ramiro Flores Arizpe, o del Consejo de la Judicatura, sería investigar la actuación de la mencionada juez que hasta el momento sigue en su cargo como si nada hubiera pasado. Algo tendrá que hacerse y pronto para restaurar la confianza de los ciudadanos en el aparato de justicia.
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Sobre el comentario anterior, se tiene conocimiento que durante la presencia del gobernador Enrique Martínez en la ciudad de Chihuahua el pasado ocho de agosto la madre de la víctima se entrevistó con él para pedirle justicia y el mandatario públicamente se comprometió a dar seguimiento a la investigación y pedirle una respetuosa explicación al Poder Judicial. Pocos días después como si se tratara de una “varita mágica” el citado tribunal, como ya se dijo, revocó el auto de libertad concedido al presunto autor intelectual. Es lamentable que estas cosas tengan que llegar al gobernador para que la maquinaria de la justicia funcione.
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Con relación al comentario aparecido a esta columna el pasado miércoles, referido al chismecillo que dejaron correr en el sentido de que el oficial policíaco Eduardo Segura Montaña utilizaba su cargo para que en “exclusividad” se lavaran las patrullas en un negocio de su propiedad; el citado funcionario envió carta aclaratoria a El Siglo de Torreón en la que entre otras cosas señala: “Me permito informarles que en el negocio de mi propiedad, “Autolavado Coleadero”, nunca se ha tenido un contrato o convenio para el lavado de patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, ni de Matamoros Coahuila y son completamente falsos dichos chismes que se publican en la columna”. Continúa diciendo que “estos chismes son tendenciosos para tratar de perjudicarme en mi desempeño como mando medio de la DSPM”.— En igual forma, El Siglo de Torreón recibió oficio firmado por el director de Seguridad Pública Municipal, Javier Gutiérrez Pesquera, aclarando que: “Es absolutamente falso que el C. Eduardo Segura Montaña tenga algún convenio para el lavado de patrullas de esa institución en su negocio”. COMENTARIO: Qué bueno que se hacen las aclaraciones para despejar dudas, pero no estaría por demás que ambos jefazos tuvieran cuidado, pues al parecer “los goles” en su contra surgen del interior de la misma corporación, como producto de los chismecillos que para llevar agua a su molino hace correr el director operativo Alberto Vargas, a quien numerosas voces señalan como conflictivo y falto de capacidad para cumplir su función. ¿Será?