Se comenta en los medios judiciales, que sería muy conveniente que los gobernadores de Coahuila y Durango, Enrique Martínez y Ángel Sergio Guerrero Mier realizaran las gestiones que sean necesarias ante el “Consejo de la Judicatura Federal”, a fin de evitar se despoje de cierta competencia a los tres Tribunales Colegiados del Octavo Circuito que desde hace años funcionan en esta ciudad. Esto viene a colación porque recientemente se instalaron Tribunales de Circuito en las capitales de Saltillo y Durango, con lo cual a los que funcionan aquí prácticamente los dejaron con limitada actividad, pues al decir de los enterados ya no podrán conocer de los juicios de amparo contra sentencias definitivas (civiles y penales) dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de Coahuila y Durango. Ahora los abogados tendrán que trasladarse a las citadas capitales para litigar estos asuntos, representando ello serias dificultades, obstáculos económicos y de tiempo para tener acceso a la justicia federal. La Comarca Lagunera constituye una zona conurbada de gran influencia en donde se tramitan innumerables juicios, resultando inconcebible que a estas alturas se adopten decisiones a todas luces absurdas, porque entorpecen lo que debería ser una ágil impartición de justicia y, que además, no corresponden a la modernidad y progreso de la Comarca. Sería deseable para bien de la comunidad que tanto el gobe de Coahuila como el de Durango tomaran cartas en el asunto, interviniendo ante el Consejo de la Judicatura Federal para que los tribunales del Octavo Distrito con residencia en Torreón continúen teniendo la competencia que desde sus inicios se les confirió.
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Algo tendrá qué hacer el alcalde Guillermo Anaya para poner orden y dar eficiencia a los Tribunales Administrativos Municipales. En la pasada administración de Salomón Juan Marcos, se creó toda una nueva estructura jurídica ampliándoles sus funciones, pero en la actualidad, tal vez por desconocimiento o desinterés de su titular, las han ido limitando a los puros accidentes de tránsito y sanciones a los detenidos por faltas al reglamento de buen gobierno. Lamentablemente ni siquiera estas funciones las realizan con eficiencia, pues son numerosas las personas que involucradas en accidentes de tránsito se quejan del trato despótico de los jueces, la carencia de agilidad para resolver y la deshonestidad en los peritajes. La triste realidad es que en esta área de la administración no se avanza, sino se camina como los cangrejos, es decir, para atrás.
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Es lamentable lo que está ocurriendo en algunas escuelas públicas de Coahuila. La nula supervisión permite a directores y representantes de padres de familia de diversos planteles, cometer todo tipo de arbitrariedades, que lejos de contribuir a la excelencia educativa, promueven la irresponsabilidad de los docentes. Para muestra un botón: En la Escuela Técnica 83, una de las secundarias consideradas de mayor demanda en la ciudad, es común que los viernes se suspendan las clases o bien se permita a los alumnos la salida antes de la hora oficial, argumentándose de todo: juntas sindicales, reunión de padres de familia y hasta “porque al conserje se le olvidaron las llaves”, comentándose que hace quince días, en el citado plantel no hubo clases porque los alumnos se fueron a bailar a una disco en evento organizado por la autoridad educativa cobrándoles treinta pesillos a cada estudiante. Hoy entre los padres de familia hay inconformidad porque se pretende obligar a los alumnos la venta de boletos para la rifa de un automóvil, poniendo en tela de duda la supuesta intención de mejorar el nivel de enseñanza, pues en evaluaciones nacionales e internacionales nos ubican en sitios vergonzosos. Mientras tanto, la secretaria de Educación en el Estado, María de los Ángeles Errizúriz, sigue con buenos deseos tratando de mejorar la educación, pero alejada totalmente del mundo real que se vive. Si esto ocurre en las escuelas consideradas como de buen nivel, ¿qué pasará en otras de menor demanda?