Con su sanción a medias, o sanción aparente a los dueños del Partido Verde Ecologista de México, los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quedarán picoteados por los gallos y aborrecidos por las gallinas. Quizá no les quedaba más remedio, porque la ley les impone límites, pero no obstante reconocer la grotesca falta de democracia interna en ese partido y ordenar la rehechura de los estatutos y la elección de nuevos dirigentes, dejaron la operación correctora en manos de los actuales líderes que de ese modo podrán continuar el usufructo de la patente partidaria que tan jugosas regalías les ha rendido.
El 18 de febrero del año pasado, un militante del Partido Verde inició un juicio para la protección de sus derechos político-electorales. José Luis Amador expuso muy pormenorizadamente la falta de democracia interna en el PVEM, no sólo porque sus dueños lo manejan como cosa propia sino porque inscribieron las reglas que les permiten hacerlo así en el estatuto del partido. El órgano jurisdiccional le dio la razón y dispuso que la reglamentación interna sea reformada en un plazo de 60 días, para que no sea ya absurdamente antidemocrática y que en los 6 meses siguientes reponga los procedimientos de elección de dirigentes, por supuesto sobre las nuevas bases.
Y sin embargo, para no interferir en la vida interna de los partidos (algo distinto a vigilar que sus normas se atengan a la Constitución), los magistrados que tan certeramente diagnosticaron el mal otorgaron el privilegio de la cura a los mismos agentes patógenos que producen la enfermedad; es decir, declararon vigentes los nombramientos de los actuales dirigentes y pusieron en sus manos el procedimiento para la renovación de la dirección, así en la dimensión nacional como en los estados.
Apostemos desde ahora a que al comienzo de mayo próximo, cuando se cumplan los plazos judiciales, los nuevos líderes del PVEM serán... los mismos que ahora lo son.
El órgano máximo del Verde es su asamblea nacional, órgano breve y constituido de tal manera que depende de una sola voluntad: la integran menos de cuarenta personas, todas las cuales son designadas por el presidente del partido: Jorge González Torres en los primeros años, su hijo Jorge Emilio González Torres Martínez Manautou hasta el día de hoy (y hasta mayo próximo). Él designa a los 7 miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional y designa también, con los integrantes de esa comisión, a los dirigentes estatales.
Y la Asamblea Nacional se compone por los miembros de la comisión nacional, siete integrantes y por cada uno de los 32 presidentes estatales. Tan irracional o arbitrariamente como se les designa se les remueve, siempre en función de los intereses de los dueños y de un puñado de fieles, que al mismo tiempo son legisladores, líderes del partido y sus representantes en los órganos electorales.
Ninguno de los militantes del partido tiene ocasión de participar en la toma de decisiones, pues está copado el acceso a los cargos de dirección. Así lo reconoce la sentencia del tribunal, emitida anteayer: “Es evidente que el procedimiento seguido... para la selección de los integrantes de sus órganos directivos, no cumplió con los requisitos mínimos de la democracia pues, entre otras cosas, no se dio oportunidad de que los miembros del partido conocieran cuáles eran los requisitos para competir en la elección de dirigentes; tampoco se permitió que todos los miembros del partido, ya sea por sí o a través de delegados, participaran en la elección de tales dirigentes, ya que en dicho procedimiento sólo participó un grupo pequeño de miembros del partido; por otra parte, no se fijó periodo alguno para el ejercicio del cargo de las personas cuyo registro se solicitó”.
Al ordenar la modificación de los estatutos, el Tribunal razonó que “mientras subsista la ilegalidad referida se le seguirá menoscabando al actor su derecho político electoral, ya que los procedimientos seguidos para la elección de los integrantes de los órganos directivos se tendrán que seguir rigiendo con las normas estatutarias mencionadas”.
El impecable razonamiento judicial se tropezó con su propia contradicción, sin embargo, dictaminan de modo inequívoco los magistrados que la integración de los órganos directivos del Verde “es contraria a derecho por estar sustentada en estatutos contrarios a la ley y a la Constitución, es patente que el acto administrativo de registro de los órganos directivos se ve afectado de tal ilegalidad”.
¿Qué consecuencia desprende el tribunal de esa declaración? Uno pensaría que la cancelación de dichos nombramientos. Pues no: la autoridad judicial premió a los infractores con su permanencia al frente del partido mientras se modifican los estatutos y se eligen nuevos dirigentes, que serán los actuales porque la sentencia no los inhabilitó. Dispuso en cambio que los efectos del registro ilegal “subsistan hasta que se registre a los integrantes de los órganos directivos de ese partido”, elegidos según el nuevo estatuto.
Como si esta contradicción no los beneficiara, los dirigentes del Verde se han escandalizado por la presunta interferencia de la justicia electoral en su vida interna, sin aclarar que no se les toca ahora y no se les impide seguir manejando el partido. Amador, el militante que propició con su renuncia esta sentencia, había advertido contra el riesgo de que se legitimara la ilegalidad. Tuvo razón: Así ha ocurrido.