La Ley en materia de acceso a la información pública en el Distrito Federal ha debido pasar -lo está pasando- un largo vía crucis para que se convierta en norma vigente a plenitud para bien de todos.
Es el único engranaje en que está haciendo agua la política de Andrés Manuel López Obrador. Propios y extraños le han dicho en diversos tonos la inconveniencia de dejar las cosas como están.
El Jefe de Gobierno parece haber rectificado y conducir sus pasos en este terreno hacia zonas de mayor tolerancia y negociación política.
En efecto, más de siete meses después de haber sido publicada la ley en cuestión, y de una controversia constitucional presentada por el Jefe de Gobierno sobre los mecanismos que orientaron el nombramiento de los tres consejeros ciudadanos del denominado Consejo de Información, que dicho sea de paso tiene una mayoría aplastante de representantes de servidores públicos de diversas entidades, dependencias y organismos autónomos del DF, las cosas empiezan a ver la luz al final del túnel.
De acuerdo con las puntuales crónicas de Alejandra Martínez, quien ha seguido de cerca este proceso que termina, pero sigue sin culminar, hoy lunes 15 de diciembre se aprobarán las reformas a la ley vigente.
No se trata más -todo indica eso- de la contrarreforma inicial presentada por el PRD, la cual enviaría un mensaje de retroceso en más de la mitad de los Estados de la República que aún carecen de normativa en esta materia. Tampoco, sin embargo, se puede decir que con las reformas en marcha se tenga una ley paradigmática.
Se tendrá eso sí lo mejor de lo que es posible por ahora y considerando que el Distrito Federal no es, en estricto sentido, un Estado de la República, de ahí por tanto lo sui géneris de su órgano regulador independiente de esta aplazada Ley de Acceso a la Información Pública.
Además, habría que recordar que el PRD tiene el control de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), por lo que puede hacer prácticamente lo que quiera desde la perspectiva formal.
No está haciendo uso de esa mayoría sin negociar. Es una buena señal que el PRD -con Andrés Manuel López Obrador y René Bejarano a la cabeza- dialogue con las demás fracciones parlamentarias y haya tomado en cuenta buena parte de las propuestas contenidas en la iniciativa sobre el tema presentada por el PAN en voz del diputado Obdulio Ávila, quien conoce como pocos del tema, pues fue el secretario técnico de la Comisión de Administración Pública local en la pasada legislatura de la ALDF que coordinó los trabajos en el rubro de transparencia y acceso a la información pública.
Se trata de voluntad política para identificar el acuerdo en lo fundamental. Y vaya que si las cosas al final del día salen como apuntan las discusiones internas, se tendrán cambios positivos en el contexto que se ha dicho: a) Se mantendría la estructura del Consejo de la Información (aunque con 18 integrantes en lugar de los 15 originales) en donde se respetarían los derechos adquiridos de las consejeras ciudadanas Odette Rivas y María Elena Pérez-Jaén, sobre todo esta última que ha puesto todo su empeño en el proyecto y en el respeto al Estado de Derecho; b) Se retiraría del capítulo de información reservada la relativa a las auditorías, haciendo, por supuesto, la acotación del Estado que guarda cada uno de los casos en concreto, con el propósito de no lesionar derechos de tercero, pero al mismo tiempo mantener informadas a las personas de lo que sucede en ese ejercicio de supervisión; c) Se reformaría, pero se mantienen, los sueldos de los consejeros ciudadanos, quienes pasarían de obtener 86 mil pesos aproximadamente a 60 mil pesos mensuales, circunstancia que permitiría que los consejeros puedan dedicarse a las complejas tareas de socialización de conocimiento y supervisión (acotada, porque sus resoluciones no serían vinculatorias; es decir, que deban ser aplicadas por las oficinas públicas que deben informar a las personas sobre lo que hacen) de la ley, lo que no es poca cosa y para lo cual se requerirá un presupuesto adicional al pactado que pasaría de 25 a 12 millones de pesos al Consejo, pero habría que suponer que los propios sujetos obligados a informar tendrían partidas presupuestales para hacer del derecho una posibilidad real para su ejercicio de la persona de a pie, que es la razón y medida del derecho de acceso a la información pública.
Es de desearse que estas señales de concertación y civilidad política que muestra el PRD sean la tónica que distinga las acciones de esa fracción parlamentaria en la ALDF en éste y otros temas. De ese compromiso por tener una buena Ley de Acceso a la Información Pública dependería también que ocurra algo similar no sólo en Estados reacios y resistentes a legislar sobre el tema como el Estado de México, sino en Estados como Tabasco donde -me consta- la nueva mayoría en el Congreso del Estado tiene todo el compromiso de sacar adelante una Ley de Acceso a la Información Pública, a imagen y semejanza de los estándares democráticos internacionales y que comprendería también a los ayuntamientos, la mayoría de los cuales son ahora también gobernados por el PRD.