En los mismos términos en que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) decidió recientemente establecer una vigilancia a la actividad de un buen número de diputados federales, alegando que éstos, siendo candidatos, habían suscrito una serie de compromisos con ese organismo de la iniciativa privada, ahora la Federación Norte de esa misma organización anuncia la realización de un plan piloto para vigilar la trasparencia de los municipios de esta zona del país.
Hemos insistido en que la labor de los organismos intermedios, tanto de la sociedad civil como de la iniciativa privada, es importante en la medida en que participan del quehacer comunitario y coadyuvan en tareas de muy diversa índole. Pero de ahí a convertirse en censores de las instancias gubernamentales hay una gran diferencia, pues para tal efecto hay instituciones y autoridades expresamente facultadas para ello.
En materia municipal, por ejemplo, ya existen instrumentos legales que contemplan facultades especiales en materia de trasparencia, como también existe en la estructura municipal el cargo de síndico de primera minoría que tiene entre otras tareas la de vigilar la correcta utilización de los dineros públicos y siendo éste un cargo de elección popular, aunque indirecta, es a él a quien se le ha confiado esa delicada e importante tarea.
Aún más, en el caso de Coahuila, el Congreso del estado acaba de aprobar reformas constitucionales en materia de trasparencia y dentro de poco tiempo estará ya en funcionamiento una ley reglamentaria relativa a esas reformas, por lo que poco o nada tiene que hacer la iniciativa privada interviniendo como censor de instancias gubernamentales, como ninguna facultad tendría el Gobierno para vigilar el correcto desempeño interno de la Coparmex.