GÓMEZ PALACIO, DGO.- La maestra María Elena Díaz Posada dijo que de ser necesario, solicitará la intervención de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y promoverá una queja ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en contra de directivos de la Subsecretaría de Educación, por su reubicación de la escuela primaria “Emilio Carranza” que, según dijo, es producto de un “arreglo” entre la autoridad educativa y el Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo).
La educadora fue incluida en la “rotación parcial de maestros”, junto con las siete maestras identificadas con esa agrupación política que ocasionó serios problemas al plantel el pasado ciclo escolar, sin que hasta ayer se le haya notificado por escrito del cambio ni recibido una explicación de los hechos que lo motivaron.
Paradójicamente, María Elena Díaz nunca estuvo de acuerdo con la serie de movilizaciones que dicha agrupación llevó a cabo en contra de la directora a quien acusaban de malos manejos; “mi único error fue el no haber permitido que mis alumnas participaran en una de las tantas marchas que organizaron, en marzo pasado”, recordó.
María Elena se presentó en la escuela el pasado lunes, pero al tratar de ingresar al salón de clases del tercero “C” –grupo del cual estaría a cargo- no le permitieron el acceso tres o cuatro padres de familia, entre éstos la esposa de Joel Villarreal, uno de los dirigentes del Cocopo.
“Ellos me dijeron que yo estaba incluida en el convenio que hicieron con la Subsecretaría y me dieron a entender que habían condicionado la salida de las siete maestras si yo salía también de la escuela”, expresó, mientras se hacía acompañar de la directora del plantel, Alicia Murga, a quien tampoco le han dado una solución acerca de si regresa o no a sus actividades.
Carlos Fuentes, secretario particular de Miguel Gerardo Rivera, subdirector de Educación Básica, le ordenó que se retirara en ese momento “porque estaba provocando a los padres de familia” y amenazó con denunciarla si no lo hacía, además de que le dio instrucciones de concentrarse en la jefatura del Sector 7, donde permaneció desde mayo hasta el término del pasado ciclo escolar.
La quejosa manifestó que al tratar de pedirle una explicación a Miguel Gerardo Rivera, el funcionario le dijo que no estaba enterado de esa rotación, con lo cual desmintió la información que un día antes se dio a conocer por parte de la Unidad de Comunicación Social de la propia Subsecretaría de Educación.
El subsecretario, Fermín Cuéllar, le argumentó que si ella deseaba regresar a su trabajo en el plantel, podía hacerlo sin ningún problema, mientras que el secretario de Educación en el Estado, Adrián Laveaga, dijo no estar enterado y pidió tres días para dar una respuesta.
“El sindicato no aceptó la propuesta del propio Secretario, de negociar mi salida y la de la directora a cambio de la reubicación de las siete maestras conflictivas”.
María Elena Díaz y Alicia Murga coincidieron en que hay intereses políticos muy oscuros detrás de estas determinaciones, pues no hay otra justificación para el cambio de adscripción que la intromisión del Cocopo en la “Emilio Carranza”, con cuyo grupo está negociando la Subsecretaría de Educación.
De hecho, dijeron tener conocimiento de que se pretende cambiar al resto de las maestras del plantel que tienen varios años de antigüedad, otra de las condicionantes de esa agrupación.
Sin embargo, la autoridad educativa está violando sus derechos, puesto que las plazas las han obtenido con base en ascensos escalafonarios, además de que sus contratos laborales les conceden el derecho de inamovilidad.
Siguen los problemas
Las decisiones para una supuesta solución del conflicto de la escuela primaria “Emilio Carranza”, siguen dando de qué hablar, pues ahora se hace referencia a “arreglos” entre la autoridad educativa y el Consejo Coordinador Obrero Popular que afectan la vida profesional de maestras con varias décadas de trabajo en el plantel.
· Aunque se atendió la recomendación de la Secretaría de la Contraloría de reubicar a siete maestras conflictivas que forman parte de ese grupo, se incluyó en la “rotación” a la profesora María Elena Díaz, quien el 14 de marzo se opuso a que sus alumnas participaran en una marcha que organizó dicha agrupación en contra de la directora.
· Ese día la maestra fue agredida e insultada por los padres de familia que forman parte de ese movimiento, por lo que la Subsecretaría le recomendó concentrarse en la jefatura de sector, en la cual permaneció hasta el término del pasado ciclo escolar sin dársele una solución.
· De nueva cuenta se le dio esa indicación, pese a que los maestros tienen derecho de inamovilidad de sus centros de trabajo mientras no cometan ninguna irregularidad.
· Alicia Murga Calvo tampoco se ha podido reincorporar a su trabajo como directora de la escuela, desde que se le sugirió ausentarse por las protestas de dicho grupo.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Torreón