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CARACAS, VENEZUELA.- En medio de acusaciones de fraude y boicot entre opositores y oficialistas, los venezolanos continuaban ayer con la recolección de firmas para convocar el referendo (reafirmazo) sobre el recorte del mandato del presidente Hugo Chávez.
El proceso electoral se vio empañado durante su segunda jornada por los ataques con granadas que sufrieron la sede del partido opositor socialcristiano Copei y la vivienda de un dirigente opositor en el estado Falcón, unos 300 kilómetros al oeste de Caracas.
El gobernador oficialista del estado Falcón, Jesús Montilla, informó que esos incidentes no se reportaron heridos y sólo se registraron leves daños materiales en las edificaciones.
Montilla dijo que en el lugar de las explosiones fueron localizados panfletos en los que se señalaba que “no se va a permitir este fraude (electoral). Esto es una advertencia sí continúa la trampa”.
Agregó que alterno a esos dos sucesos la policía política desactivó dos artefactos explosivos, de fabricación casera, que fueron colocados frente a la sede del partido opositor Acción Democrática y una radio local.
Refirió que en una población del estado se registró una violenta trifulca en una mesa de votación en la que resultó herida en el rostro una persona por un objeto contundente.
En la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) ocurrió ayer un confuso incidente donde grupos desconocidos lanzaron fuegos artificiales de gran potencia hacia la entrada del edificio en el momento que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, sostenía una reunión con los directivos del organismo.
Miembros de la Guardia Nacional debieron lanzar gases lacrimógenos para disuadir a los manifestantes.
Un grupo de dirigentes opositores acudieron al CNE para denunciar que algunos jefes de guarniciones militares están boicoteando la recolección de firmas en las mesas de votación y tratando de decomisar el material electoral.
“Van a provocarnos, van a tratar de generar hechos de violencia”, señaló el diputado opositor Henry Ramos Allup al acusar al oficialismo de tratar de generar desestabilización para detener el proceso que se tiene previsto que culmine el primero de diciembre.
La ministra del Trabajo María Cristina Iglesias dijo que su despacho está procesando 124 denuncias de empleados obligados por empresas privadas a firmar a favor de la consulta contra Chávez.
Explicó que solicitaron al CNE y la Fiscalía General investigar los casos para proceder legalmente contra las empresas, entre las que se incluye un diario local, porque estarían vulnerando la “libertad individual”.
Agregó que de comprobarse las denuncias los propietarios de las compañías podrían ser sancionados con cárcel de 15 días a 30 meses.
Una comisión oficialista acudió la tarde de ayer al CNE para consignar 98 cajas que contienen un lote de firmas que recolectaron entre el 21 y 24 de noviembre para convocar los referendos de 37 diputados opositores.
Precisaron que en los próximos días entregarán al organismos electorales nuevas rúbricas a favor de la consulta contra los congresistas opositores.
Gaviria desestimó el suceso ocurrido en el CNE e hizo un llamado a los venezolanos a mantener la calma.
Sostuvo que es “normal” que se “exalten los ánimos y surjan discrepancias” en un proceso electoral.
Se mostró satisfecho por el “respeto mutuo” que han mantenido el oficialismo y la oposición, y cómo las “instituciones del país han funcionado bien”.
La Constitución establece que sólo se puede llamar al referendo revocatorio de un gobernante luego que completa la mitad de su mandato de seis años, que el caso de Chávez se cumplió el pasado 19 de agosto.
Para convocar la consulta contra el mandatario la oposición debe reunir 20 por ciento de las firmas (2.4 millones de rúbricas) del total de electores.