Agencias
LA PAZ, BOLIVIA.- Dos personas muertas, incluido un niño y al menos 15 heridas, es el saldo de los violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, anoche, en la ciudad de El Alto, dentro de la llamada “guerra del gas” que ha cobrado hasta ahora la vida de nueve personas, confirmaron organizaciones de derechos humanos.
El gobierno denunció un intento de “golpe de Estado” para derrocar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusó al diputado cocalero Evo Morales de encabezar la supuesta sedición con “apoyo internacional”. El gobierno ordenó además la militarización de esa populosa ciudad, donde ha dado cuenta de varios ataques contra las fuerzas de seguridad y de una ola de saqueos.
Fuentes policiales informaron que un policía, a quien se dio por muerto, fue rescatado con vida tras siete horas de cautiverio a manos de vecinos enardecidos.
La ciudad de El Alto vivía hasta anoche violentos disturbios en el cuarto día de paro indefinido en rechazo a la exportación del gas y a una nueva ley impositiva que los vecinos aseguran les gravará con más impuestos.
En Colombia, mientras tanto, las autoridades locales encontraron el cadáver del candidato a la alcaldía de la central población de Génova, Jairo Gómez, quien había sido secuestrado por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El político, quien había sido secuestrado el viernes por la principal guerrilla activa del país, fue asesinado con disparos de fusil y su cuerpo fue hallado en un paraje rural de esa localidad del departamento de Quindío, indicó el reporte oficial.
En Venezuela, el vicepresidente José Vicente Rangel denunció la posibilidad de que ocurran “atentados terroristas” contra líderes opositores debido a que “hay gente que está totalmente enloquecida” en el país.
La declaración de Rangel se produce a pocos días de los pronunciamientos que hicieron el Departamento de Estado, la OEA, el Centro Carter y la Iglesia católica en los que expresaron preocupación por la escalada de la violencia política.
En los últimos dos años han ocurrido en el país unos 50 asesinatos políticos de miembros de la oposición y el oficialismo y más de una decena de ataques con explosivos contra sedes de medios, embajadas, instalaciones del gobierno y periodistas.