GÓMEZ PALACIO, DGO.- El titular de la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Rafael Urista Dávalos, se encuentra en las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia, para atender todo tipo de quejas o denuncias, contra el personal de la citada dependencia, incluyendo a los altos funcionarios.
La presencia del Contralor obedece a los señalamientos sobre favoritismos, recién vertidos por el todavía agente del Ministerio Público, Juan Filiberto Estrada Rendón, titular de la mesa tres de Delitos Patrimoniales, que se encuentra suspendido por 15 días a partir del primero de octubre.
Joaquín Saucedo Flores, subprocurador en la Comarca Lagunera de Durango, informó que es la Contraloría la encargada de investigar y sancionar cualquier tipo de anomalías y solicita a la ciudadanía que acuda a las oficinas a exponer sus inconformidades.
También dio a conocer que a las 21:00 horas del seis de octubre, se ordenó el cierre y la colocación de sellos de la mesa tres de Delitos Patrimoniales, misma que permaneció abierta desde la suspensión de Estrada Rendón, situación que no le impidió sustraer documentos importantes.
Por su parte, Rafael Urista señaló que es interés del procurador, Luis Celis Porras, actuar con honestidad, claridad y transparencia, en el ejercicio de la procuración de justicia, sin considerar rangos o categorías del personal que actúe de forma inadecuada.
La presencia de la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), también está encaminada a realizar una auditoría integral a la mesa tres de Delitos Patrimoniales, ante el constante número de quejas y denuncias por el ejercicio de su titular.
Con la suspensión del agente investigador, las otras dos mesas receptoras de denuncias incrementaron su trabajo, ante la carencia de personal del Ministerio Público de reserva, además de la vacante por más de medio año del titular de la mesa de Asuntos Viales.
Respecto a los señalamientos específicos de Juan Filiberto Estrada, el titular de Averiguaciones Previas, Jacinto Moreno Valadez, señaló que la denuncia por abuso de autoridad y robo, contra el ex titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Felipe Bretado Zul, esté en proceso de revisión y próxima a consignarse.
Sobre la dilación en la integración de las tres averiguaciones donde se señala como presunto responsable a José Antonio Olazábal López, el Subprocurador dijo que Estrada Rendón ya contaba con la identificación de los afectados, desconociendo por qué no se han consignado las denuncias.
Para concluir, Saucedo Flores reiteró que durante esta semana se tiene la oportunidad de plantear cualquier duda o inconformidad a la Contraloría interna de la PGJE y será esta instancia la que desarrolle la investigación que concluye en exoneración o sanción, según sea el caso.
Reciben quejas
Hasta las 12:00 horas del martes, personal de la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango, recibió dos quejas contra agentes del Ministerio Público por dilación de la Justicia.
Sumada a las inconformidades, Hortensia Anaya Pérez, demandante de daños contra Brenda Patricia Hernández Aranda, señaló que las irregularidades en la Subprocuraduría la afectan de tal modo que no ha podido recibir la reparación del daño sufrido.
El caso de la denunciante forma parte del expediente que culminó en la suspensión del agente del Ministerio Público, Juan Filiberto Estrada Rendón.
Sobre la supuesta anomalía, Hortensia Anaya fue informada de la presencia de la Contraloría interna en la región, pero se reservó el derecho de contestar si iba a formalizar su queja y sólo quiso puntualizar que los demandados siguen evadiendo su responsabilidad.
Venta de información
Por el presunto apoderamiento y venta de información relacionada con la supuesta banda de “clonadores” venezolanos, liberados el pasado 15 de septiembre, Juan Filiberto Estrada Rendón, agente del Ministerio Público, puede enfrentar otro proceso administrativo y responsabilidad penal en su contra.
Lo anterior fue informado por Joaquín Saucedo Flores, subprocurador de Justicia y ratificado por Rafael Urista Dávalos, contralor de la PGJE. La declaración de un experto en informática que fue contratado por Estrada Rendón, dejó al descubierto lo que puede ser un robo y una falta del funcionario público.
El perito externo, especialista en informática, dijo que el pasado 14 de septiembre, (un día después de la detención de los venezolanos) fue requerido por el agente del Ministerio Público, para accesar a la computadora portátil de uno de los detenidos.
Después de sortear varias dificultades, el ingeniero ingresó a la máquina y detectó un programa desarrollado para leer tarjetas que cuentan con bandas magnéticas, tanto de crédito y débito expedidas por instituciones bancarias.
Fue entonces cuando Estrada Rendón solicitó al experto que respaldara la información en cinco discos y le ordenó que borrara todos los datos de la computadora, acción que fue atendida.
La sospecha de la venta de la información a particulares se basa en el dicho de Saucedo Flores, quien señaló que durante la detención de los presuntos “clonadores”, Juan Filiberto le dijo que un grupo de personas que se identificaron como funcionarios bancarios, estaban interesados en adquirir la información.
En base a la información descrita, la Contraloría iniciará una investigación sobre el caso, con el fin de deslindar responsabilidades y aclarar de una vez, las circunstancias en que recuperaron su libertad los venezolanos detenidos a mediados del mes pasado.