El fuego duró alrededor de cinco horas
Cd. Lerdo, Dgo.- Aunque fue dado a conocer a los medios de comunicación como un nuevo conato de incendio en el relleno sanitario la madrugada de ayer, la realidad fue mayor, ya que duró alrededor de cinco horas según consta en el parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Los elementos policíacos ingresaron junto con personal de la Dirección Forestal y Bomberos para sofocar el fuego.
El síndico, Humberto Urby Genel, dio a conocer que mandó llamar al empresario Rubén Mendoza, encargado de la operación del tiradero para explicarle lo sucedido y poder ingresar al lugar sin permiso y evitar demandas posteriores.
Esto lo comunicó a los regidores en la sesión de Cabildo, a quienes explicó que la comunicación con el empresario fue necesaria porque se trataba de algo urgente y debían proceder a sofocar el fuego para evitar que se extendiera.
Buscan simplificar procesos
Por su parte el alcalde, Luis Fernando González Achem, dijo que la cuestión de demandas se puede simplificar si la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente le ayuda al municipio.
“Tuvimos una reunión con la Profepa y Semarnat, les pedimos apoyo para que Lerdo no se convierta por intereses particulares de lucro en el tiradero de desechos infecto-contagiosos, sobre todo porque cuentan con las pruebas y hay denuncias interpuestas”.
Ante esto –dijo- solicitaron la cancelación del convenio de operación limitada y esperan que la justicia le conceda la razón al ayuntamiento.
Intervención de PGR
El regidor de extracción panista, Ricardo Dillon Ruiz, dijo estar a favor de la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso del relleno de Lerdo, como una alternativa para suspender la operación de la empresa concesionaria.
Dijo que hasta ahora el empresario ha salido adelante y el municipio no ha escuchado propuestas.
“El caso de Lerdo debe pasar del fuero común al federal para que la PGR tome el caso, por la reincidencia en una falta federal como son los desechos infecciosos. Estamos convencidos de que lo ocurrido debe suspender las operaciones de Mendoza”.
Por último mencionó que la PGR puede inhabilitar a la empresa en sus funciones, que no pueda prestar servicios a nadie y que los juicios se alarguen más de lo necesario.