12 noviembre 2003
SANTO DOMINGO, (Reuters).- República Dominicana retornaba el miércoles a la normalidad luego de una violenta huelga que paralizó virtualmente al país en contra de la política económica del gobierno y dejó un saldo de siete muertos, medio centenar de heridos y más de mil arrestos, informaron autoridades y fuentes sindicales.
La Jornada Nacional de Protesta, convocada por la Coordinadora de Unidad y Lucha que agrupa organizaciones populares, sindicales y estudiantiles, fue levantada a las 06:00 horas locales del miércoles, dijo Fidel Santana, del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO).
Santana, quien habló en representación de las organizaciones que llamaron al paro, otorgó un plazo de 30 días al gobierno de Hipólito Mejía para que atienda sus demandas, especialmente un cambio en su política económica, y dijo que de lo contrario se iniciarían "jornadas de lucha más profundas y contundentes".
Santana afirmó que el paro había sido "un rotundo éxito", pero responsabilizó al ejército y a la policía de las muertos y los heridos, así como de maltratos a civiles en diferentes puntos del país.
Los medios de prensa locales coincidieron en informar que la protesta se cumplió virtualmente en todo el país, paralizando en especial el tránsito, el comercio, las labores en oficinas privadas y las clases en escuelas públicas y privadas.
Durante el paro, la violencia callejera sacudió la capital, Santo Domingo, donde se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, al igual que en las ciudades de Bonao, Higuey, Santiago, Navarrete, Licey al Medio, Salcedo, Barahona, San Pedro de Macorís y Puerto Plata. Al amanecer del miércoles la cifra oficial de muertos ascendía a siete.
En las primeras horas de la mañana los comercios comenzaron a abrir sus puertas y el tránsito tendía a normalizarse, tanto en rutas urbanas como inter urbanas, y las escuelas reanudaron la docencia, informaron medios de prensa.
Sin embargo, varios sectores de la capital y pueblos del interior del país seguían sometidos a un intenso patrullaje militar y policial.
Los huelguistas exigieron un cambio en la política económica gubernamental que contemple rebaja en los precios de los alimentos, los combustibles y los servicios, así como el cese de los prolongados y frecuentes apagones y de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
La noche del martes el gobierno elogió en un comunicado el "comportamiento cívico" de la población durante el paro y dijo estar abierto al diálogo con todos los sectores nacionales para buscar soluciones a los problemas.