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MÉXICO, DF.- El Reporte del Estado de Justicia en las Américas 2002-2003 concluyó que en términos de efectividad del gobierno, control de corrupción, rendición de cuentas, estabilidad política, control de la violencia, combate al crimen y al terrorismo, y de eficacia del sistema judicial, México es un país "vulnerable".
Refirió que en México, la falta de transparencia y legalidad ha llegado a crear un "impuesto oculto" equivalente a 15 por ciento de utilidades de las empresas.
Al presentar el primer informe comparativo entre los países del continente, el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Juan Enrique Vargas, dijo que México "aún muestra carencias y déficit en la procuración de justicia, señalamientos de que no es rápida y eficiente, lo que hace imperar la inseguridad".
El director de esa organización creada en 1999 por resolución de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó que pese a que México ha caminado hacia una reforma en el sistema judicial, "llega tarde a un proceso que en América Latina se dio entre las décadas de los 80 y 90".
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ex consultor del Banco Mundial en materia de justicia señaló que los resultados de este informe son conocidos en Presidencia, la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia, y ahí "hemos visto una vocación por avanzar y mejorar lo que tiene el sistema judicial, sin embargo, lo que ha que hacer es ponerse de acuerdo en un proyecto común".
En el informe que hoy se dará a conocer desde Costa Rica para América Latina, hace un compendio de encuestas realizadas por los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, y Transparencia Internacional, así como de datos oficiales sobre índices de corrupción, delitos, la poca credibilidad de la población en los poderes Judicial y Ejecutivo, los riesgos de inversión por la falta de sistemas judiciales sólidos y el impacto de la burocracia en los cambios gubernamentales y la gobernabilidad de los países, todos recabados y comparados desde 1996 al año 2003.
A lo largo de mil páginas, el Reporte 2002-2003 concluye que la calidad y eficacia del sistema judicial constituyen el reto de la gobernabilidad en América.
En la interpretación de los datos recabados por el Centro, Pedro Galindo, coordinador del área de información de ese organismo advierte, al medir el grado de corrupción, el sistema legal y judicial; las políticas macroeconómicas y fiscales del gobierno; las normas y prácticas de rendición de cuentas que se ha generado un "impuesto oculto" que equivale a 20.7 por ciento de las utilidades de las empresas; una quinta parte de ese impuesto es ocasionado por "la poca claridad y transparencia del sistema judicial para resolver las disputas y proteger los derechos de los accionistas"..