GÓMEZ PALACIO, DGO.- Ante el enfrentamiento más reciente que se dio entre padres de familia de la escuela primaria “Emilio Carranza”, un grupo de madres cuestionó el vacío de autoridad que priva en el plantel y el desinterés de la autoridad educativa, mientras que las seis maestras que no se han reubicado siguen provocando alteraciones del orden en perjuicio de las alumnas.
Nelda Aceves, Maribel Carrillo, Esmeralda Villalba, Guadalupe López, Gabriela Sifuentes y Lorena Núñez, dijeron que el pasado miércoles volvieron a surgir las agresiones por parte del Consejo Coordinador Obrero Popular, quienes impidieron que la jefa de sector, Hilda Espinoza Rodríguez, ingresara al plantel para participar en la junta que tendrían los padres de familia y maestros de sexto grado, con el fin de tratar lo relacionado con la ceremonia de graduación de las niñas.
Sin embargo, dijeron, sí permitieron la entrada a la supervisora de nombre Guillermina, con quien el líder del Cocopo, Joel Villarreal, mantiene una estrecha comunicación.
La reunión estaba programada para las ocho y media de la mañana, pero como las maestras de sexto grado son algunas de las que debían ser reubicadas por instrucciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado y forman parte de esa agrupación, fueron ellas quienes dispusieron quién debía o no entrar a la junta.
La Tesorera de la sociedad de padres de familia, Soledad Rodríguez y su esposo, también fueron enfrentados por un sujeto de nombre Luis Antonio Herrera y según lo que comentaron las quejosas, de esto surgieron algunas denuncias de tipo penal.
Las madres de familia dijeron que en la reunión se acordó cobrar 300 pesos por cada una de las 134 alumnas que egresarán de sexto grado, para la ceremonia de graduación y un desayuno o comida, pero el año pasado sólo se aplicó una cuota de 160 pesos.
Cuestionaron el papel que las autoridades educativas encabezadas por Fermín Cuéllar han asumido ante el conflicto, “pues quieren hacer parecer que todo ya está resuelto, cuando la realidad es que cada uno de los funcionarios sólo le ha dado largas y ‘bolita’ a cada una de las partes que estamos involucradas en el problema”.
Mientras esto ocurre, las seis maestras que según la Contraloría del Estado deberían reubicarse a otros planteles, y que no lo han hecho porque promovieron un amparo federal para mantenerse en la misma escuela, hacen lo que quieren cada vez que asumen la guardia del centro escolar, disposición que está vigente para cada una de las maestras desde que Alicia Murga Calvo fue separada temporalmente de la dirección.
“Cuando están ellas dejan entrar a la escuela a gente que no tiene nada que hacer en el interior, hombres que forman parte del grupo y que incluso son un riesgo para la seguridad de las alumnas”, denunciaron.
De ser necesario, advirtieron, se expondrá la situación ante la Secretaría de la Contraloría del Estado y ver la manera de que dicha instancia finque alguna responsabilidad contra los funcionarios del sector educativo que no han hecho valer el dictamen de la auditoría que se practicó al plantel.
“Se han valido de una serie de pretextos para agachar la cabeza y dejar la solución en manos de otras instancias, cuando lo más sencillo hubiera sido, desde un principio, hacer efectivo el dictamen”, manifestaron.
Por otra parte, desde que las clases se reanudaron tras las vacaciones de Semana Santa, la Policía Preventiva suspendió la vigilancia que mantuvo frente a la escuela tras uno de los enfrentamientos que se dio entre padres de familia.
Incluso, señalaron, los integrantes del Cocopo han acaparado la venta de alimentos y dulces afuera de la escuela sin ninguna supervisión sanitaria, a diferencia de que antes esto se manejaba en un puesto en el interior.