Una preocupación de los tribunales estatales de justicia suscita preocupación.
Inquietos sus presidentes por una decisión judicial federal que en los hechos recorta levemente los salarios del personal gubernamental, expresaron su inconformidad de tal modo que hasta podría entrañar una suerte de chantaje o de resignación ante la corrupción.
Los tribunales superiores de justicia han constituido una Comisión Nacional, presidida actualmente por el magistrado oaxaqueño Raúl Bolaños Cacho Guzmán. El nombre de su agrupación es equívoco pues con esa denominación, Comisión Nacional, se ha bautizado a órganos federales como la de derechos humanos, la bancaria y de valores, la del agua, etcétera. No hay limitación legal ninguna al uso de aquella expresión (y aun la utiliza, por lo tanto, una sospechosa Comisión Nacional de Rescate, que acude espontáneamente a lugares donde se producen accidentes, a menudo con ánimo de rapiña más que de ayuda). La que forman los tribunales estatales no es, en aquel sentido una Comisión Nacional, sino acaso una asociación con ese alcance geográfico.
Como lo hacen periódicamente, los presidentes de los tribunales se reunieron la semana pasada en Valle de Bravo y abordaron, entre otros temas, la decisión de la Suprema Corte de Justicia que elimina una exención en el pago del impuesto sobre la renta al personal que sirve a la Federación y a los estados y que, al aplicarse a “los servidores de la justicia” los deja “en situación de vulnerabilidad”. Si los magistrados quisieron decir que se empobrece a los empleados de sus tribunales, tienen razón y hacen bien en deplorar que disminuya el poder adquisitivo de sus subordinados y colaboradores. Pero acaso su alegato refleja una vieja convicción, según la cual los bajos salarios de la administración de justicia propician la corrupción, pues si se paga poco a sus servidores no se les puede exigir que sean honorables. Por eso estiman que, al disminuir sus percepciones, se les hace vulnerables, susceptibles a la recepción de dádivas, desde las aparentemente inocuas destinadas sólo a abonar la buena voluntad de los empleados, hasta las que constituyen verdaderos sobornos.
El año pasado, los legisladores hicieron un regalo a “los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo, de la Federación y de las entidades federativas”: los eximieron del pago del impuesto sobre la renta por “las gratificaciones que se otorguen anualmente o con diferente periodicidad a la mensual, en cualquier momento del año de calendario, de conformidad con las actividades y el servicio que desempeñen, siempre y cuando sean de carácter general incluyendo, entre otras, al aguinaldo y a la prima vacacional”.
El Procurador General de la República consideró inequitativa esa exención, porque los conceptos a que se refiere están gravados para los asalariados en general. Presentó por eso una acción de inconstitucionalidad que la Corte resolvió en mayo pasado, otorgando la razón al Procurador. Y aquella exención, contenida en el segundo párrafo de la fracción XII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, quedó invalidada ya que en tal sentido se pronunciaron no sólo ocho ministros como demanda la Constitución para que su decisión tenga ese efecto, sino los once integrantes del pleno.
Al resolver en ese sentido, los ministros de la Corte afectaron también al personal que depende de ellos. Y no les pasó por la cabeza que con eso se abría un riesgo, el de que esos empleados se volvieran vulnerables. Tomaron la decisión y ya. Menos fríos que los juzgadores federales, los magistrados resolvieron expresarse en contra, como si el pequeño incremento en los impuestos que paga el personal judicial (sin duda importante para economías familiares que se miden en centavos, como las de esos empleados) constituyera un golpe a la impartición de justicia de los estados, como si fuera en sentido contrario a la necesidad de fortalecer a los órganos de jurisdicción local.
Los presidentes de 31 tribunales (no el de Yucatán, que no firma la comunicación respectiva, quizá porque estuvo ausente) se dijeron “sobremanera” preocupados por “los efectos derivados de la resolución del Poder Judicial de la Federación que obliga a los servidores judiciales al pago del impuesto sobre la renta en primas vacacionales y aguinaldo. Si por definición legal estas prestaciones forman parte del salario, ello implica incuestionablemente una reducción a las ya de por sí insuficientes remuneraciones salariales, lo que coloca a los servidores de la justicia en situación de vulnerabilidad”.
Con malicia (que desearíamos infundada) puede entenderse que allí se deslizó un argumento deleznable que, expresado en sentido contrario equivale a un alzar los hombros con resignación: allá ustedes si ahora nuestro vulnerable personal admite dádivas, porque se le agredió haciéndole pagar un impuesto adicional.
Si es un exceso suponerlo así, tanto mejor. Pero considérese esta singularidad: ningún otro empleador, federal o local, consideró necesario protestar por la eliminación de la exención, o porque no le importa la suerte de su personal o porque valoraron la decisión de la Corte. Extraña que otros juzgadores entiendan menos el criterio de los ministros y, en sentido contrario, la incluyan en una genérica “falta de voluntad de la Federación para sumarse al impulso democrático que busca perfeccionar y fortalecer el federalismo y la impartición de justicia en el país”.