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México, DF.- Alrededor de 300 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) llegaron poco antes de las 17:00 hora local al predio Agua Grande, en disputa por los habitantes de Xalatlaco, Estado de México y Santo Tomás y San Miguel Ajusco, en la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal.
A bordo de cinco camiones de color gris, llegaron los elementos que resguardarán el predio en conflicto, ubicado en la carretera Picacho-Ajusco, informó Monitor Los integrantes del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local que permanecieron en la zona para evitar conflicto entre los tlalpenses y habitantes de Xalatlaco, se replegaron del lugar, según acordaron los inconformes con autoridades del gobierno del Distrito Federal.
Alrededor del mediodía hubo temores de enfrentamiento entre los mexiquenses y los tlalpenses por la disputa del predio, por lo que desde la mañana de este miércoles elementos de la SSP se apostaron en la referida carretera para evitar que hubiera pelea entre ambos bandos.
Interés del Gobierno
El jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gonzalo Altamirano Dimas, aseguró que la presencia de 300 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la zona en disputa en el Ajusco, muestra el interés del Gobierno Federal por coadyuvar en la búsqueda de una solución definitiva.
En entrevista, Altamirano Dimas llamó a las partes a no crear un clima de violencia y apegarse a las resoluciones que emita el Tribunal Agrario, instancia donde se ventila este conflicto desde hace varios años.
Reiteró la voluntad de la Segob para contribuir a la distensión del problema y encontrar las mejores condiciones que permitan resolver el conflicto entre comuneros de Santo Tomás Ajusco, del Distrito Federal y campesinos de Xalatlaco, en el Estado de México.
El siguiente paso, señaló, es que las partes reconozcan cuál es la situación jurídica del asunto y asuman un compromiso de respeto a las decisiones de las instancias de derecho que están conduciendo el caso y evitar cualquier acción que pudiera ocasionar un conflicto.
La solución jurídica, anotó, está en manos de los tribunales, en tanto que la política está a cargo de los gobiernos involucrados, pero la Secretaría de Gobernación seguirá coadyuvando con los esfuerzos que lleven a la gobernabilidad.
Altamirano Dimas recordó que la controversia involucra poco más de mil 500 hectáreas, que actualmente no están ocupadas, pero que son áreas verdes.
El Tribunal Agrario dio un primer fallo en favor de los comuneros de Santo Tomás Ajusco y después se interpuso una demanda en contra de la ejecución de la sentencia, situación jurídica que se está ventilando actualmente.
Altamirano negó que el problema entre ambas comunidades sea de carácter federal, por lo que corresponde resolverlo a los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México, pero la PFP estará en la zona de conflicto hasta que ambos lo consideren necesario.