EN PROCESO | PRETENDEN CREAR UNIDAD DE PEDIATRÍA AMBIENTAL
MARÍA ELENA HOLGUÍN
Y PRIMITIVO JAVIER GONZÁLEZ
EL SIGLO DE TORREÓN
Darán tratamiento a la población afectada por las emanaciones de plomo
TORREÓN, COAH.- El Centro de Atención Comunitaria para la población afectada por las emanaciones de plomo, está en proceso de construcción y deberá comenzar a operar en agosto próximo, según se informó ayer por parte de los encargados del Fideicomiso del Programa de Metales y autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Dentro del Programa para la Protección y Tratamiento en la Población Ambientalmente Expuesta al plomo de la ciudad de Torreón, figura además la creación de una Unidad de Pediatría Ambiental, como institución privada conformada por médicos especialistas con experiencia en el manejo de población expuesta al plomo.
Aunque todavía no se establece el monto de la inversión para el Centro de Atención Comunitaria, Miguel Lonvera González, comisionado de Evidencia y Manejo de Riesgos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud, dijo que operará en las instalaciones actuales del Fideicomiso, las cuales se localizan por la calzada Raúl Madero de la colonia Luis Echeverría.
La obra abarcará 900 metros cuadrados de terreno y 540 de construcción en dos plantas.
El funcionario explicó que dentro del plan de trabajo para este año figuran acciones como la verifica-ción de medidas por cumplir; revisión y actualización de medidas dictadas; continuar con la verificación de emisiones y calidad ambiental; vigilancia de la operación de la red de monitoreo; limpieza de calles y casas aledañas; finalizar la restauración de suelos, entre otras.
Las tres líneas de acción serán controlar la fuente de exposición; control y vigilancia epidemiológicos y atención a la salud y rehabilitación.
Anastasio Carranza García, director general de Asistencia Técnica Industrial de la Profepa, dijo que desde hace cinco años se dictaron 180 medidas de remediación a la empresa, de las cuales 140 fueron cumplidas; otras 19 están en proceso, 13 incumplidas, dos no se aplican en el caso de Peñoles y otras seis no habían sido verificadas.
En este sentido, indicó que ninguna de las que no se han cumplido está relacionada con la emanación de contaminantes a la atmósfera.
Peñoles... juez y parte
Mauro Delgado Hernández, secretario general del Consejo de Colonias Populares de Torreón y ex regidor en la pasada administración, dijo no estar de acuerdo en que la empresa Peñoles sea la encargada de administrar y manejar el Fideicomiso del Programa de Metales, pues refirió que no se puede ser juez y parte en este problema.
Recordó que la creación de dicho Fideicomiso no fue una concesión de la empresa a la comunidad, sino que tuvo que hacerlo obligada por la presión de la sociedad que le exigía una solución al problema de contaminación que genera en la ciudad.
“Tampoco es aceptable que las autoridades federales y estatales estén de acuerdo con ello”, consideró, al señalar que es absurdo e ilegal que la misma parte que está a cargo de aportar los recursos para atender la salud de la población, sea en cierta forma la que los vaya a recibir, toda vez que se encargará de manejar el Centro de Atención Comunitaria y sus trabajadores.
Por otra parte, señaló que los encargados del Fideicomiso deben demostrar lo que argumentan, toda vez que están asegurando que la atención no se ha descuidado pero la realidad en las colonias es muy distinta.
En el caso de la colonia Zacatecas –expuso- desde hace más de un mes que las madres de familia sólo escuchan que deben esperar a que las actividades se reanuden, por lo que no han recibido consultas médicas ni apoyos para sus hijos.
Al decir de Mauro Delgado, “le han bajado” el ritmo a los barridos y aspirados en las calles y las casas y no hay confianza de que la atención sea más eficiente a partir del nuevo esquema con que operará el Fideicomiso.
Consideró que los habitantes de las colonias afectadas por las emanaciones de plomo, tendrán que recurrir a otras medidas para lograr solucionar el problema que siguen enfrentando.
ESTADO Y MUNICIPIO DEBEN ENTRARLE
El caso de los miles de niños afectados con plomo y otros metales en la sangre, es un problema de salud pública y el Gobierno Federal y Estatal no deben eludir su responsabilidad y dejarle todo a Peñoles, empresa que ha causado el daño y se convertirá en juez y parte, declaró Eva Mendiola Reséndiz, una de las madres de familia vecina de la empresa.
“Por lo que se ha visto, tenemos un Gobierno cobarde que no le da la cara a las madres de familia, pues sus reuniones son a escondidas, ya que nunca nos avisa para estar presentes y que nos aclaren muchas dudas que tenemos todavía”.
Las madres de familia, dijo, no tienen confianza en la empresa, ya que van a manejar los resultados a su conveniencia. “El Gobierno dice que estará vigilante en el seguimiento. ¡Qué comodidad!, cuando es un problema en el cual deberá estar involucrado hasta su solución. ¿Cómo le pueden dejar el paquete a quien contaminó a los niños?”.
Lo que pretenden hacer, dijo, es que ahora quieren desatender el problema de salud para abocarse al aspecto ambiental, “¡pero si desde cuándo nosotros estamos pidiendo una Norma Oficial Mexicana de plomo en suelo!”.
La actitud del Gobierno es de irresponsabilidad, lo mismo del Federal como del Estado. “No cabe duda que quien entra al problema se topa con la fuerza económica de la empresa”.
Adelantó que las madres de familia no permanecerán pasivas, ya que se trata de la salud de sus hijos que han sufrido daños, algunos de los cuales son permanentes.
Con la asesoría de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que denunciarán los hechos a la Organiza-ción de las Naciones Unidas (ONU), pues son 20 mil niños y las autoridades no pueden eludir su responsabilidad, “como dijo el doctor César del Bosque, que le van a dejar el paquete a la empresa, ya que es la que causó el daño”.