Una mala pasada de la Casa Blanca quizá abrió al Gobierno de México la posibilidad de votar conforme a su propio interés y no al de su poderoso vecino: debe abstenerse en la inminente votación cada año impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos para condenar a Cuba por violaciones a los Derechos Humanos, en la respectiva Comisión de la ONU que sesiona en Ginebra.
El presidente Bush telefoneó temprano el martes al presidente Fox. Sostuvieron una conversación breve, de apenas siete minutos. Tiempo más tarde, los voceros de los Mandatarios expidieron su versión de lo platicado, tres asuntos de relieve que apenas habrán merecido dos minutos y un tercio, en promedio. No coincidieron las versiones acerca de uno de tales asuntos: la parte norteamericana dio pormenores de un tema sobre el cual la vocería mexicana había preferido sólo una alusión: el voto sobre Cuba, sin mencionar a ese país. Según Los Pinos, los Mandatarios hablaron “sobre el desarrollo de la presente sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”. En cambio, más puntual, el portavoz Scott McClellan dijo que Bush y Fox “estuvieron de acuerdo en la importancia de la aprobación de una resolución sobre Cuba en la sesión y trabajar juntos para mejorar la situación de los Derechos Humanos en Cuba”.
El Gobierno mexicano sintió la necesidad de salir al paso de la versión de Washington y aun de desmentirla. Pero lo hizo únicamente respecto del voto en Ginebra, acerca del cual insistió en aseverar que no ha tomado una decisión. En igual sentido habló, en Brasilia, el canciller Luis Ernesto Derbez, que realiza una gira por Sudamérica. Pero ni el vocero mexicano para este efecto, Agustín Gutiérrez Canet, ni el secretario de Relaciones Exteriores se refirieron a la segunda parte de la conversación presidencial sobre Cuba, el propósito de “trabajar juntos para mejorar la situación de los Derechos Humanos en Cuba”. Ignoramos, en consecuencia, qué significado y alcance tenga esa labor conjunta y si incluye algo más que el voto en Ginebra.
Gutiérrez Canet repitió la justificación que el canciller Jorge Castañeda dio en su momento a la nueva presencia mexicana en el ámbito internacional y en este tema específico: sus credenciales democráticas imponen al Gobierno de México el deber de dedicarse a “la promoción y la defensa de los Derechos Humanos en el mundo”.
Conforme a esa posición, en algún momento próximo pronto hemos de ver alguna acción mexicana respecto de los Derechos Humanos en China, por ejemplo. O, si se trata de referirse a Cuba, alguna iniciativa del presidente Fox sobre los presos llevados de Afganistán a Guantánamo, porción del territorio isleño sustraída a la soberanía cubana y a los cuales se asesta el trato de “no-personas”, semejante al que las dictaduras totalitarias imponían a sus adversarios, desprovistos de toda defensa.
Aunque el seguidismo mecánico de una conducta ejemplar puede ser torpe y aun ridículo y hay que huir de él por consecuencia, la sensatez de una experiencia ajena puede ser aprovechada. Si concedemos crédito a la afirmación mexicana de que a estas alturas, en la víspera misma de la votación no ha resuelto el sentido de su posición en Ginebra, el canciller Derbez puede en este momento conocer de cerca y estudiar con fruto la postura de Brasil y Argentina, que suelen abstenerse en la votación sobre Cuba y con cuyos Gobiernos tiene ahora contacto directo. ¿Es que a Brasilia y Buenos Aires no concierne de modo especial lo que pasa en Cuba? Es de suponerse que les importa y les afecta. Pero, según parece, a esos Gobiernos les queda claro que la utilización de testaferros por Washington no es suficiente para ocultar la paternidad de los esfuerzos anticubanos en Ginebra. Si Estados Unidos promueve la condena a Cuba, es asunto de Estados Unidos, no de Argentina y Brasil.
México solía inclinarse a esa postura, desde que en los ochenta el Gobierno norteamericano escogió la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como uno de los espacios en que hostigaría a Cuba. Desde hace más de cuarenta años la Casa Blanca y el Capitolio también, han asediado al régimen de La Habana de muchos modos, directos e indirectos, incluidos atentados personales contra Fidel Castro.
Pero ésa ha sido la política norteamericana, a la que no tiene por qué asociarse la de México, que aun debería condenarla. ¿Es que la observancia de los Derechos Humanos en Cuba es una realidad inobjetable? ¿Es que no asiste a México, especialmente después del desplazamiento del PRI de la Presidencia de la República, el derecho y aun la obligación de promover tales derechos en todas partes? Más allá de circunstancias coyunturales, como la ejecución de secuestradores tras juicios sumarios, o la detención de activistas y periodistas, a los que el Gobierno cubano estima traidores a la patria, no puede negarse que la estructura de Gobierno en la isla impide el desarrollo de libertades políticas esenciales, como la de expresión por sólo poner un ejemplo.
A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, no es posible establecer un diario que contenga una expresión diversa de la oficial. Pero tampoco es posible hacerlo en China, donde el sistema político es tan excluyente como el cubano. Y no vemos que el ardor democrático mexicano dirija su atención hacia Beijing. Y es que Estados Unidos no lo hace, pues no conviene a su interés.
Esa es la clave: privilegiar el interés mexicano, no el de Bush.
