El "acuerdo humanitario" era reclamado desde antes de que Uribe asumiera la presidencia en 2002, por las FARC y múltiples sectores.
19 de agosto 2004.
Bogotá, (EFE).- El presidente colombiano, Álvaro Uribe, aceptó, por primera vez desde su llegada al gobierno, la firma de un "acuerdo humanitario" con las FARC con la mediación internacional para el intercambio de secuestrados por guerrilleros presos.
El "acuerdo humanitario" era reclamado desde antes de que Uribe asumiera el cargo, el 7 de agosto de 2002, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por familiares de secuestrados, la Iglesia Católica y múltiples sectores.
El anuncio gubernamental estuvo a cargo del propio alto comisionado para la Paz, el psiquiatra Luis Carlos Restrepo, quien leyó en la sede del Ejecutivo un comunicado en el que se confirmó la esperada aceptación.
Restrepo precisó que los mediadores en el eventual intercambio de secuestrados por las FARC, "por 50 rebeldes" presos, serían delegados de Francia y Suiza, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Iglesia Católica.
"Desde comienzos de la administración, el presidente de la República ha autorizado a las Naciones Unidas, la Iglesia Católica, dignatarios nacionales y gobiernos extranjeros, como facilitadores para lograr un acuerdo humanitario", indicó.
Hasta el presente, añadió Restrepo, "todos los esfuerzos han sido infructuosos", pero "el pasado 23 de julio, el Gobierno entregó a uno de los facilitadores una propuesta dirigida a las FARC".
Las FARC han propuesto en múltiples ocasiones que el intercambio debe darse para todos sus presos (unos 500) mientras el gobierno ha pedido no sólo a los "canjeables" sino a todos los secuestrados, que pueden superar el millar.
La organización armada ha solicitado, asimismo, la desmilitarización de los departamentos selváticos del Caquetá y Putumayo.
Uribe ha rechazado siempre esa posibilidad, ha exigido el cese total de hostilidades y ha lanzado una feroz ofensiva militar conocida como "Plan Patriota", dentro de su denominada "política de seguridad democrática".
El Ejecutivo colombiano aclaró también en el documento leído ayer por Restrepo que el medio centenar de excarcelados deben ser rebeldes que hayan sido "procesados o condenados por rebelión, a los cuales se les ofrece una alternativa para su incorporación a la sociedad".
Para ello, añadió el comunicado oficial, el gobierno presentó a las FARC "dos posibilidades: viajar al extranjero o adelantar su proyecto en Colombia en el programa de reinserción del Gobierno Nacional".
Estas alternativas, indicó, "se adelantarán bajo la garantía de Francia y la Iglesia colombiana" y "acto seguido, la guerrilla libera a los secuestrados políticos y a los miembros de la Fuerza Pública en su poder" y "para su liberación se contará con el apoyo de Suiza, Francia y el CICR", concluyó la nota.
Las FARC, la principal guerrilla colombiana, con cuatro décadas de lucha y unos 18.000 hombres en sus filas, tiene entre su más de un millar de rehenes, a los considerados "canjeables", la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, cinco congresistas y a una docena de diputados.
También son "canjeables" un ex gobernador, un ex ministro y casi cinco decenas de soldados y policías, así como tres estadounidenses.
Fabiola Perdomo, que ha liderado a los familiares de los diputados del Valle, se mostró complacida y señaló que ahora se espera la respuesta de las FARC.
El ex presidente Ernesto Samper (1994-1998) dijo que el acuerdo "es muy importante para" el país y explicó que ello "va a para poner fin al sufrimiento de centenares de personas".
La diputada Ruby Jaramillo, también portavoz de familias afectadas, manifestó que confía en que "el 'secretariado general' (máximos jefes de las FARC) acogerá la iniciativa".
El presidente del Senado, Luis Humberto Gómez Gallo, estimó que es una propuesta "generosa" del gobierno de la que también confió en que reciba una "respuesta adecuada".
La presidenta de la Cámara de Representantes, Zulema Jattin, expresó que Uribe "ha escuchado el clamor de millones de colombianos (...) para que la libertad de los secuestrados sea una realidad".