La nación habría presenciado -y quizá participado- en un genuino enfrentamiento político: en una controversia en torno de ideas y propuestas. Hubiera sido saludable. Las escaramuzas de los últimos diez meses entre los claques de cada partido camino a la sucesión han propiciado que el pueblo llano vea la política como la actividad menos constructiva y más dispendiosa. La discusión sobre los ingresos y gasto públicos hubiera dado ocasión para que, al menos, los ciudadanos se enteraran, hace tres meses, que la Cámara de Diputados, en cumplimiento de la exclusiva obligación que le asigna la Carta Magna, se disponía a examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos. Que no se trataba de propalar el comportamiento de solemnes comensales en una mesa de celebridades.
Lo que dijera Ángel Buendía, PRI, diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de su Cámara como colofón del trasnochado miércoles 17, tendría que haber sido el preámbulo del proceso que se iniciara hace tres meses. Buendía hubiera difundido entonces, para beneficio de letrados y legos, que la Cámara de Diputados se disponía a hacer el Presupuesto desde la primera hasta la última letra, desde el primero hasta el último peso, como se lo encarga la Constitución. El Congreso de los diputados sabe, tiene que saber, que los ciudadanos no conocen que la confección del Presupuesto no es prerrogativa presidencial sino facultad y obligación exclusiva de su conjunto parlamentario: obligación por lo tanto indelegable, irrenunciable, indefectible, indeclinable, inexcusable. Lo que soslayaron los diputados fue corroborado cuando el señor Fox soltó la especie de que enfrentaría con su veto el presupuesto aprobado. Al parecer el presidente desconoce, como la mayoría de ellos, que el veto presidencial no es oponible a una decisión que ha tomado una cámara en ejercicio de sus atribuciones constitucionales exclusivas.
Los diputados perdieron hace tres meses la oportunidad de iniciar una transformación en la opinión generalizada de que la política es una práctica de personas sin prestigio, sin pudor, deshonestas, oportunistas, avariciosas, dispuestas a traicionar y cometer delitos para alcanzar la posición que buscan o realizar el negocio que han fraguado. La habrían aprovechado si hubieran explicado lo que estaba a punto de comenzar.
Ningún ordenamiento lo señala. Pero sería obligación de los legisladores construir el prestigio de quienes trabajan en la elaboración y en la reforma de las leyes, y clarificar ese quehacer.
En las leyes y en sus reglamentos se concreta la distribución legítima y autorizada de valores para la sociedad entera.
Entendamos como valor en el campo de lo político el objeto de cualquier necesidad, actitud o deseo. El propósito de la política, y de quienes la practican como quehacer vocacional y profesional, es influir en esa distribución o determinarla. No es el poder. Ese viene por añadidura en los instrumentos represivos o de persuasión del Estado.
Los políticos y los partidos en los que se agrupan dan a conocer los programas y plataformas con base en los cuales se proponen corregir y hacer menos injustas las porciones de valores que tienen a su alcance los ciudadanos que trabajan en el campo o en las ciudades; los que producen alimentos y los que fabrican herramientas; los que prestan sus servicios en las empresas privadas o en las instituciones públicas.
Los que enseñan y los que crean. Aquellas que desarrollan los políticos y sus partidos son actividades políticas.
Pero suelen identificarse como políticas también las maniobras, lícitas o ilícitas, éticas o inmorales que realizan hombres y mujeres para alcanzar posiciones cercanas a quienes ocupan puestos importantes dentro de la administración pública y en los partidos o en las empresas particulares. O para impedir que un adversario ascienda. El asesinato, el fraude, el soborno son en consecuencia políticos. Lo que los asalariados o los autoempleados conocen como política es el espectáculo que la televisión y la radio montan cada día en torno de las actividades de personas que sobornan, cometen fraudes, traicionan, persiguen y matan porque dicen que son políticos.
Son los políticos encumbrados quienes contribuyen en mayor medida a la confusión cuando reiteran que es político cualquier intento de contradecirlos, de responsabilizarlos, de exigirles cuentas.
Sólo unos cuantos se enteraron que el 17 de noviembre en la Cámara Baja hubo una controversia política en torno de dos propuestas en cuyos respectivos fondos se encontraba una noción de sociedad. Y que los diputados que aprobaron el gasto de un millón de millones, 818 mil 441 millones 700 mil pesos, habían ejercido integralmente una facultad exclusiva y soberana. Los ciudadanos quedaron en la ignorancia, como siempre. Les fueron incomprensibles las muestras de júbilo y de agravio. Parecían reservadas para iniciados. En las escenas televisadas participaron unos cuantos saltimbanquis y un saltaescaños: frenético mandril que con gruñidos denunciaba el secuestro de la Cámara.
Es impostergable que de aquí en adelante los dos conjuntos legislativos en vísperas de discusiones fundamentales informen con oportunidad, amenidad y soltura lo que durante ellas estará en juego. Así lo demanda una mejor salud política de la República.
Profesor en la FCPyS de la UNAM.
