EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Una y otra vez circularon por las calles de la ciudad. El objetivo: decomisar los taxis irregulares. Para los policías ministeriales y los inspectores de la Subdirección de Transporte, Región Laguna, el tiempo fue valioso. La razón: era necesario impedir que los trabajadores del volante se organizaran para repeler el operativo.
A las 11:50 se dio la orden. Alrededor de 80 policías ministeriales se prepararon para iniciar el decomiso de unidades. Con tolete, máscara de gas, casco antimotín y escudo, los elementos partieron de la Subprocuraduría de Justicia en el Estado para recorrer las calles de Gómez Palacio.
Y esta vez la estrategia fue diferente. Tanto policías ministeriales como los inspectores de Transporte, optaron por no establecerse en los puntos acostumbrados: bulevar Rebollo Acosta y calzada Lázaro Cárdenas, bulevar González de la Vega y bulevar Rebollo Acosta, bulevar Miguel Alemán y calzada J. Agustín Castro.
Ahora dos convoyes circularon por todas las calles de la ciudad, principalmente por la zona centro y el Periférico. Cada grupo estuvo integrado por diez ministeriales y cuatro inspectores. Nueve policías se concentraron en las oficinas de la Subdirección de Transporte, Región Laguna, para resguardar las instalaciones y el resto de los elementos permaneció en la Subprocuraduría de Justicia en el Estado, esperando indicaciones.
En ninguna arteria estuvieron más de diez minutos para evitar enfrentamientos con los choferes. Fueron pocas las personas que se dieron cuenta del decomiso de unidades porque esta vez fue rápido y discreto. En todo momento los convoyes trataron de no llamar la atención.
En sólo dos horas 11 vehículos sin placas fueron enviados al kilómetro cinco de la carretera Esmeralda, justo donde está ubicado el corralón de Grúas Nazas. Lo mismo se detuvieron taxis de la base Alianza, que del Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular (FOCEP) y de la Central Campesina, Urbana, Democrática y Popular (Ccudepo).
Las unidades aseguradas fueron escoltadas al corralón por los convoyes, pues existía la posibilidad de que los taxistas trataran de impedir la entrada de los vehículos, pero ninguno se presentó a reclamar.
Y es que la amenaza que lanzaron el pasado viernes de: “a la primera unidad que aseguren nos organizamos para impedirlo”, no fue cumplida. Aún así las puertas del corralón permanecieron cerradas y sólo eran abiertas cuando los convoyes llegaban con las unidades.
Las autoridades municipales sí cumplieron su palabra. Ni un elemento de la Policía Preventiva ni de la Dirección de Tránsito y Vialidad, colaboró con la Policía Ministerial y los inspectores de Transporte.
Durante la mañana de ayer, los líderes de los choferes decían desconocer la situación. Vía telefónica se habló con Ramón Nevárez, coordinador de la base Alianza, quien se limitó a señalar que no estaba enterado de los operativos, mientras Tomás Zárate, coordinador del FOCEP, aseguró que más tarde los choferes se reunirían para organizarse.
El operativo se llevó a cabo sin contratiempos. Los incidentes fueron mínimos: un profesor de nombre Martín Calzada, quien conducía un taxi sin placas de la Central Campesina, Urbana, Democrática y Popular, propinó un puntapié a uno de los inspectores de Transporte e intentó golpear al chofer de la grúa. El percance no pasó a mayores.
“No lo detuvimos porque los ministeriales controlaron la situación, es que el decomiso fue cerca de una escuela, el profesor fue apoyado por sus compañeros”, señaló un inspector de Transporte de apellido Madrid.
A las 15:00 horas, los líderes de los choferes reaccionaron. Tomás Zárate aseguró que los taxistas iniciarían una huelga de hambre en el edificio Durango para mostrar su inconformidad por la represión del Gobierno del Estado. También dijo que hoy por la mañana habrá una marcha hasta la capital de Durango, la cual partirá de la casa de Ismael Hernández, candidato a la gubernatura de esta entidad.
Antecedentes clave
Después de una serie de simulaciones durante su mandato, Ángel Sergio Guerrero Mier, gobernador del Estado de Durango, lanza un ultimátum el pasado 14 de enero durante su visita a Gómez Palacio: Los taxistas “piratas” serán decomisados para finalizar el problema del transporte en la región.
La orden fue atendida un día después, el Ayuntamiento colaboró con su fuerza pública a la Policía Ministerial y a los agentes de la Dirección General de Transporte del Estado, los decomisos fueron magros, diez autos por jornada.
Una semana después de las acciones coordinadas por las autoridades estatales y municipales, un grupo de 300 taxistas toma la presidencia municipal y pide “piedad” a Leticia Herrera. Como es costumbre, la Alcaldesa atendió a los “afectados” y al final ordenó el retiro del apoyo brindado al Estado, lo que significó la ausencia de los agentes del Grupo Operativo de Reacción Inmediata.
La medida significó el principio para que los transportistas ilegales ganaran la batalla. Cuatro horas después del retiro de la fuerza pública municipal, los “piratas” realizaron su primer ataque.
A las 19:15 horas del mismo jueves, un grupo de aproximadamente 30 taxistas (y que iba en aumento) se posesionaron de la entrada al corralón asignado para resguardar las unidades decomisadas, bloqueando las patrullas de la Policía Ministerial y de la Dirección General de Transporte del Estado (DGTE).
El incidente no pasó a mayores, uno de los choferes gritó a los agentes: “Nomás los estamos calando”. A raíz del altercado, la Policía Estatal determinó poner listos y en circulación los equipos antimotines, para cualquier eventualidad, misma que se presentó al día siguiente o terminó con la suspensión provisional del operativo.
