Servidores públicos del gobierno capitalino son quienes señalan a AMLO como el único responsable de no cumplir con las órdenes sobre el caso del predio El Encino.
19 de mayo de 2004
México, D.F., (SUN-AEE y Notimex).- Los propios servidores públicos del gobierno capitalino fueron quienes señalaron a Andrés Manuel López Obrador como el único responsable de no haber acatado el fallo judicial en el caso del predio El Encino, reveló Carlos Vega Memije, subprocurador de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR).
En conferencia de prensa, el funcionario detalló que a lo largo de las investigaciones que realizó el Ministerio Público de la Federación “se cuidaron todos los servidores públicos para que en esta pirámide todo fuera e indicara al jefe”, pues ellos sí le notificaron sobre la situación legal que se enfrentaba en el caso.
Al ser cuestionado sobre los motivos por los que en la averiguación previa 1339/FESPLE/2001 sólo se procedió contra el político tabasqueño, el subprocurador reconoció que hubo la posibilidad de que otros servidores públicos se vieran involucrados en la violación a una suspensión provisional que un juez de Distrito y un Tribunal Colegiado concedió a los dueños del predio.
Explicó que “obviamente que durante la secuela de las diligencias de esta averiguación si pudo surgir la responsabilidad para otro servidor público, pero se cuidaron mucho de decir yo informé, yo di respuesta”, concluyéndose que quien tenía la última palabra era López Obrador, quien de acuerdo con la PGR incurrió en una omisión equiparable al delito de abuso de autoridad.
Por eso es que los jueces de Distrito y del Tribunal Colegiado al señalar la violación a la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo, que ordenaba que se pararan las obras de vialidad en El Encino, y que se desbloquearan los accesos, denunciaron directamente al jefe de gobierno de no acatar el mandato.
Al respecto, Vega Memije señaló que de las explicaciones de cada servidor público va saliendo quien y nos lleva a la cúspide para ver quién y en ese sentido a los jueces les quedó muy claro, por eso mandaron cuatro requerimientos para pedir que cumpliera con la resolución.
El funcionario rechazó una vez más que la resolución del Ministerio Público de solicitar el juicio de procedencia contra López Obrador tuviera tintes políticos, y dejó en claro que era obligación de la PGR determinar la averiguaciòn previa.
“El Ministerio Público está entre la espada y la pared o actúa o actúan contra él”, puntualizó.
Explicó que la denuncia presentada contra López Obrador por el Poder Judicial de la Federación, tomò en cuenta evidencias como las cuatro certificaciones realizadas por el actuario del juzgado y ante notarios públicos, que a lo largo de 11 meses, desde abril de 2001, al acudir al predio El Encino, corroboraron que las obras de vialidad que se realizaban en el lugar y la obstrucción a los accesos del terreno que no había sido expropiado, continuaban pese a la suspensión provisional otorgada a la Promotora Internacional Santa Fe.
Respecto a la defensa del gobierno capitalino de que López Obrador nunca firmó un documento, el subprocurador recomendó a las autoridades capitalinas que se asesoraran jurídicamente, porque en este caso precisamente se encontraron elementos de que el político tabasqueño fue omiso al no cumplir con el mandato judicial.
