Ante el Congreso del Estado, el diputado de Acción Nacional Isaac Becerra Martín señaló que existen anomalías en la compra-venta de los terrenos adjuntos al Instituto Tecnológico de Durango, donde el principal responsable es el ex director del Instituto de la Vivienda del Estado, Wlfrano Torres Sanmartín. En respuesta, los diputados priistas sólo señalaron que ?la tribuna no es para ventilar chimes o rumores?.
El legislador panista indicó que del análisis de diversos documentos oficiales surge una presunción fundada de responsabilidad administrativa que se deriva de la forma en que se llevó a cabo la citada compra-venta entre el Instituto de la Vivienda representado por su ex director Torres Sanmartín y una sobrina de su esposa, de donde se desprende que existieron varias irregularidades, y para mayor sustento presentó una relación de los hechos:
Primero.- ?En el mes de agosto de 1999, Wlfrano Torres Sanmartín solicitó a la Gerencia de Administración del Patrimonio Inmobiliario de Ferrocarriles Nacionales de México la donación de un terreno de su propiedad, que se encuentra ubicado en la avenida Felipe Pescador y calle Maguey de esta Ciudad, que en su momento se dijo que era de 26,500 metros cuadrados; pero que hoy sabemos que en realidad tiene una superficie 28,304 metros cuadrados en números redondos?.
De igual manera, pidió que se le hiciera una consideración en el precio en favor del Gobierno del Estado, justificando esta petición según consta en el oficio emitido por el propio Instituto, en el hecho de que este terreno se ajustaba a un proyecto que el Gobierno tenía para satisfacer las necesidades de los duranguenses en los aspectos culturales y sociales y sobre todo los requerimientos de la población en edad estudiantil.
Segundo.- En respuesta a esta solicitud, en el mes de noviembre del mismo año, la Unidad de Desincorporación de Activos de la Administración del Patrimonio Inmobiliario de Ferrocarriles Nacionales de México asignó a dichos terrenos un valor de cinco millones 677 mil 581 pesos y pidió al IVED que buscara un notario para realizar la transacción. El Gobierno del Estado aceptó esta propuesta, por lo que en el mes de mayo del 2000, la citada oficina de Administración y el IVED sellaron la compra-venta de los mismos en esa cantidad. Se escrituró debidamente dicha operación.
Es de advertir, agregó, que este precio evidentemente fue muy bajo por tratarse de utilidad pública. Es fácil presumir que este inmueble, al venderse a un particular, hubiera sido tasado en una cantidad quizá cuatro o cinco veces mayor, pues el precio comercial no debió haber sido menor a 30 millones de pesos, porque a cuatro años de distancia su valor comercial, según estimaciones de quienes se dedican a bienes raíces al día de hoy, es de unos 56 millones de pesos, tasando a dos mil pesos el metro cuadrado.
Tercero.- No obstante lo anterior, con fecha 20 de junio de año 2000, es decir, a un mes de realizada la compra por parte de IVED, se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Vivienda, con el objetivo de solicitar la autorización para vender a un particular la superficie adquirida, a un precio de ocho millones 677 mil 581.98 pesos, haciéndose constar en el acta relativa la diferencia a favor del IVED que se obtendría con este hecho.
El diputado Becerra Martín hizo cuestionamientos como: ¿dónde quedó el proyecto del Gobierno del Estado para fines sociales, culturales y educativos que se puso como aparente justificación para comprar los terrenos?, ¿tan pronto se olvidó del mismo?
Por la rapidez con que se dieron los acontecimientos, añadió, (pues a un mes de la compra ya se había decidido vender) cabe sospechar el que un particular podría haber sugerido al IVED: ?cómpralo y me lo vendes y yo te doy a ganar tres millones de pesos. Aunque hay que decirlo claramente, que esto es sólo una presunción, pues no nos consta?.
Cuarto.- En el mes de septiembre del año 2000, el IVED por conducto de Torres Sanmartín vendió a una sobrina de su esposa la superficie de 28,300 metros cuadrados en ocho millones 677 mil 581 pesos, lo que le permitió lucrar la cantidad de tres millones. Esto refuerza la presunción de hablar, de que no se compró para algún proyecto de utilidad pública, sino para aprovechar los frutos de esta transacción.
El diputado panista destacó que con esta acción se violentó lo que dispone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, ya que de manera expresa el artículo 47 de este ordenamiento establece en la fracción XIII la obligación de todo servidor público de excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, entre otros.
El diputado Becerra Martín indicó que si Wlfrano Torres Sanmartín no se condujo con la verdad al adquirir el bien inmueble con el pleno conocimiento de que el terreno no sería en beneficio de la ciudadanía ni mucho menos del estudiantado, ¿cuál fue realmente el motivo de la compra y luego de la venta ya que con esta última se obtuvo una ganancia de tres millones de pesos?
De la misma manera, preguntó: ¿dónde quedaron los ocho millones 677 mil 581 pesos, obtenidos de la venta?, ¿por qué no se excusó el titular del IVED, sabiendo que le vendía a una sobrina directa de su esposa, violentando lo que dispone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios?
REGISTROS
Exponen anomalías
La documentación original que acredita el acto de compra-venta entre el IVED y la sobrina de la esposa del ex Director fue sustraída de la dependencia estatal.
-Cuestionan diputados panistas faltade registro de los dos millones 86 mil pesos que por diferencia en la rectificación de superficie se debieron haber cubierto a la Secretaría de Finanzas y Administración o al IVED.
-Panistas consideran sospechosa la ?desaparición? de documentos del IVED en este momento en que se están realizando las investigaciones que habrán de dar luz al asunto.
-El grupo parlamentario del PAN exhortó a la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa del Estado de Durango, así como a la Entidad de Auditoría Superior del Estado para que revisen os hechos.
-Piden panistas que en caso de haber alguno o algunos funcionarios que hayan incurrido en responsabilidad, que se les apliquen las sanciones que establece la ley.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.
