En 12 puntos, Silvia Carreón fundamenta la denuncia en contra del juez Aurelio Alvarado Favila, a partir de una demanda mercantil de octubre de 1994, contra su esposo José Vázquez Rubio, por la cantidad de seis mil 123 pesos. El demandante fue Juan Orozco Esparza y sus endosatarios en procuración, Álvaro Meléndez y Gabriel Inés Soto.
La denuncia ante el Consejo de la Judicatura, sobre el expediente 1106/94, Silvia Carreón señala como causales, entre otras: el estado de indefensión en que la dejó el fallo del juzgador, la pérdida de su libertad y la de su cónyuge, junto con el patrimonio, derivado del proceso penal que enfrentan por el delito de despojo.
Asimismo, la no aplicación de la caducidad del juicio, ausencia de firmas, notificación falsa, contubernio entre demandante y autoridades son, entre otras, las presuntas irregularidades en que incurrió el titular del Juzgado Segundo del Ramo Civil con sede en Gómez Palacio, según parte de la denuncia.
Asegura Consejo de la Judicatura que en breve hay resolución
El responsable de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura, Salvador Mercado Ponce, informó que ya existe un proyecto de resolución a la denuncia que presentó la señora Silvia Carreón en contra del juez segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Gómez Palacio, Aurelio Alvarado Favila, por lo que en los próximos días podría surgir el fallo colegiado al respecto.
La denuncia se presentó ante el Consejo de la Judicatura, desde el 20 de octubre del 2003, por lo que la señora Silvia Carreón acudió a El Siglo de Durango a manifestar su inconformidad por la tardanza en la resolución, y consideró que con ello se evidenciaba protección al juez señalado.
Al respecto, el consejero Salvador Mercado Ponce, quien actuó como ponente durante el análisis del caso en el seno del Consejo de la Judicatura, aclaró que la señora Silvia Carreón nunca realizó una promoción por escrito, sobre la supuesta tardanza en el fallo, aun cuando se le orientó para que lo hiciera. Solamente se concretó a plantearlo de manera verbal. Calculó que a más tardar la próxima semana podría salir la resolución.
Explicó que ya se tiene en documento el proyecto de resolución, por lo que en estos días el total de consejeros deberá analizarlo, para de manera colegiada aprobarlo en su caso, o de existir alguna observación, realizar las modificaciones necesarias.
Aunque la decisión será colegiada y los integrantes deberán firmarla, en lo individual cada uno de los consejeros analizará el proyecto de resolución, de tal manera que garantice que el fallo será totalmente apegado a lo que establece el marco jurídico.
Mercado Ponce aclaró que no podían adelantar el contenido de la resolución, ya que sería prejuzgar una denuncia que, como todas las que llegan al Consejo de la Judicatura, debe ser sujeta al trámite que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que además los juzgadores que son señalados por supuestas irregularidades tienen el derecho de aportar las pruebas que consideren pertinentes para rebatir los señalamientos.
Por ello, en el caso de la denuncia que presentó Silvia Carreón en contra del juez de Gómez Palacio, Aurelio Alvarado Favila, se agotaron todos los pasos que establece el marco jurídico, además de las audiencias para el desahogo de pruebas a que tienen derecho las partes.
No quiso ahondar sobre las supuestas irregularidades en que incurrió el juzgador, según la denunciante, porque, reiteró, sería como prejuzgar y eso no debe suceder en ninguna controversia jurídica, y menos cuando se involucra a servidores del Poder Judicial.
