Familia Chavarría presenta escrituras y documentos con los que demuestran ser propietarios de cinco mil metros cuadrados
El gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier podría ser desaforado si se comprueba que dolosamente violentó el Estado de Derecho en perjuicio de las familias Chavarría Diez y Chavarría González, por el caso de la compra-venta de las actuales y las nuevas instalaciones de la Feria.
Según lo dieron a conocer en entrevistas por separado el diputado Rubén Velasco Murguía, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, y Alejandro Chavarría Palmeros, representante legal de las familias Chavarría, son graves los delitos que cometió el Gobierno del Estado, como fraude y despojo en contra de particulares.
Según Alejandro Chavarría, quien en realidad cometió el delito de invasión fue el Gobierno y no sus representados, ya que los Chavarría cuentan con escrituras y documentos legales con los que demuestran ser los nuevos propietarios de una superficie de cinco mil metros cuadrados de los actuales terrenos de la Feria del fraccionamiento Los Remedios, el cual se los permutó la administración estatal a cambio de 40 hectáreas que se localizan en la carretera rumbo al Mezquital.
El diputado Velasco advirtió que hoy la fracción del Partido Acción Nacional en el Congreso analizará la gravedad de las irregularidades cometidas por el Ejecutivo, y no descartó la posibilidad de solicitar desafuero para que enfrente las consecuencias legales de sus actos.
HISTORIA
En mayo del año 2003, el Congreso autorizó al Ejecutivo enajenar esos cinco mil metros cuadrados mediante dación en pago o permuta en favor de Agustín Chavarría Diez, Ma. Guadalupe Chavarría Diez de Chavarría, Roque Chavarría Diez González, Irene Chavarría Diez González y Claudia Chavarría Diez González, según consta en la copia del decreto en poder de este diario.
Desconocen terrenos
Según un sondeo realizado ayer por el Departamento de Investigaciones y Sondeos de El Siglo de Durango, el 63 por ciento de los ciudadanos duranguenses desconoce que existe un nuevo terreno donde pronto se llevarán a cabo las fiestas de la ciudad; el 97 por ciento no sabe cómo se compraron los nuevos terrenos; el 77 por ciento consideró injusto que la Policía Ministerial haya desalojado a quienes dicen ser los verdaderos dueños de esos cinco mil metros cuadrados, y el 53 por ciento de los consultados consideró que hubo irregularidades en la compra-venta del predio donde se construirá el nuevo recinto ferial de la ciudad.
Juan Francisco Vázquez Novoa, líder de la Barra de Abogados de la entidad, dijo desconocer a fondo el caso, excepto por lo que ha publicado del sábado 19 de junio a la fecha El Siglo de Durango.
