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Addenda/La verdad legal (Caso Tlaxcala)

Germán Froto y Madariaga

Una polvareda política levantó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se revocó la resolución expuesta por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, así como la diversa resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, mediante las cuales quedaba fuera de la contienda la senadora con licencia y esposa del gobernador de esa entidad, María del Carmen Ramírez García.

Sin que esa resolución le garantice el triunfo a la tesonera Maricarmen, se puede decir que desde su óptica, su lucha por defender su derecho a participar en la contienda, alcanzó resultados positivos y constituyó un serio revés para la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, al tiempo que hizo latir más fuerte el corazón de algunos que aspiran a cargos de elección popular y se encuentran en condiciones semejantes a las de Ramírez García.

De hecho, la resolución no sólo hizo que Martita Sahagún abriera aún más sus grandes ojos y parpadeara pizpireta sus largas pestañas, sino que hasta en estas tierras coahuiltecas dos que tres aspirantes a la gubernatura se apresuraron a obtener copia de la resolución para efectos de estudio y allegarse elementos que les permitieran entablar un eventual juicio para la protección de los derechos políticos electorales, en razón de que no satisfacen los requisitos estatutarios de sus partidos.

La resolución que puso a Maricarmen de nuevo en la contienda por la gubernatura de Tlaxcala, fue dictada por unanimidad de votos de los magistrados del Tribunal en base a sendos proyectos de resolución que formuló el paisano Eloy Fuentes Cerda. Sin embargo, de la candidatura, a la gubernatura existe un largo trecho por recorrer, por lo que ese triunfo no significa que la señora será la próxima gobernadora de esa pequeña entidad que tantos lazos históricos tiene con Coahuila.

No obstante ello, de haberla mandado a las gradas y ahora estar de nuevo arriba del ring, sí es una victoria importante para quien pretende romper con el principio de la “No-Reelección” implícita, como se ha dado en llamar al hecho de que intente suceder a su marido en el ejercicio del Poder Ejecutivo de aquella entidad.

Al más puro estilo perredista el presidente nacional, Leonel Godoy, reaccionó acremente contra la resolución del TEPJF, al que censuró por inmiscuirse en la vida interna del Partido, lo que fue secundado por otros, como Pablo Gómez y Jesús Ortega, si bien hubo voces, como la de Amalia García, que defendieron el derecho de Maricarmen a competir bajo las siglas del PRD.

Esta confrontación de ópticas nos llevó a cuestionarnos, primero, sobre si moral o éticamente la señora tiene derecho a participar en la contienda electoral de Tlaxcala; y segundo, si el Tribunal tiene facultades para inmiscuirse en la vida interna de los partidos políticos.

La primera pregunta se resuelve en sentido negativo. No, no tiene sustento moral o ético una pretensión como la de Maricarmen, pues sin duda ella se ha beneficiado del ejercicio de poder de su marido (el gobernador Sánchez Anaya) y por tanto se colocó en evidente ventaja frente a sus competidores. Además, no es ético que en una República los cargos electorales pasen de maridos a esposas, padres a hijos o de hermano a hermano. Pero, sí es democrático y legal, pues cumpliendo con los requisitos electorales (como es el caso de Maricarmen) no hay razón para que no se someta al juicio del pueblo una candidatura de esta naturaleza y dejar que sea éste el que decida quién quiere que lo gobierne.

Tan ello es así, que la verdad legal, le pese a quien le pese, es la dictada por los magistrados del Tribunal Electoral y en un sistema de Derecho, todos debemos someternos a las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales.

No obstante lo anterior, es importante puntualizar que conforme a lo establecido por el artículo 41, fracción Primera, de la Constitución General, “los partidos políticos son entidades de interés público” y por ello, lo que suceda en su vida interna, es algo que atañe también a la ciudadanía y a las instancias electorales, de manera que no pueden hacer lo que les venga en gana, sino que tiene que sujetarse a los principios rectores de la vida democrática nacional, entre los cuales está el apegarse a las disposiciones que regulan los procesos de selección de candidatos y ajustar sus estatutos a las Leyes de la República.

Porque los procesos electorales se inician con la selección de candidatos, la cual se da hacia el interior de los partidos y en ellos deben respetarse los derechos políticos de los ciudadanos que como afiliados conforman los partidos.

Lo anterior encuentra fundamento en la fracción IV, del citado artículo 41, en la que se establece que: “Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la Ley”.

Luego entonces, si la selección de candidatos es un acto electoral, ese acto puede ser impugnado mediante el sistema previsto en la propia Constitución, de acuerdo al texto citado.

Como dato curioso, por extremo, debemos decir que a Maricarmen le quitó la candidatura la Comisión de Garantías y Vigilancia, del PRD, por haber aparecido en dos programas de televisión que ella no contrató y excederse en $7,490.00 pesos del tope de campaña, lo que puso de manifiesto que todo era una maniobra para evitar que llegara a la candidatura.

Cabe también señalar que esas reformas al artículo 41, como muchas otras, en su momento fueron impulsadas por los partidos de oposición, entre ellos el PRD. Así que ahora no se pueden quejar de que se los hayan aplicado a ellos.

Cuando la Ley no prohíbe ciertas conductas, las cuestiones de ética política quedan a la conciencia de cada cual; y en materia de Derecho son los tribunales quienes deciden su aplicación y esa es la verdad legal independientemente de lo que digan o dejen de decir las partes involucradas en un proceso.

Por ello, le guste o no a la dirigencia del PRD que Maricarmen compita por la gubernatura de Tlaxcala, ella es la candidata para la elección del próximo 14 de noviembre. Y más les vale que la apoyen, porque si haciéndolo no tienen segura la victoria, si no lo hacen la derrota será en buena parte consecuencia directa del divisionismo y las batallas tribales que se dan hacia el interior de ese partido.

Leonel Godoy debe aceptar que la democracia no es la mejor de las formas de Gobierno. Pero sí, la menos mala.

María del Carmen va. Ahora habrá qué ver cómo le va.

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