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MÉXICO, DF.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) reveló que en la gestión de Rosario Robles hubo un “descomunal desorden administrativo” e irregularidades que podrían ser motivo de sanción penal, civil, administrativa o incluso interna a quien sea aplicable, porque en el caso de la ex dirigente, ésta ya no es perredista.
Por ejemplo, se detalla un gasto por 28.7 millones de pesos en playeras, a un precio unitario promedio de 21.9 pesos; 21 millones de pesos en pendones, a 6.1 pesos promedio; 10.6 millones de pesos en gorras, a un valor de 7.7 cada una y un millón 92 mil 879 pesos en balones, a 66.6 pesos cada uno en promedio.
A partir del informe de auditoría que presentó el Órgano Central de Fiscalización (OCF) del PRD, “se puede derivar desde faltas administrativas, mal uso de recursos, responsabilidades civiles, necesidad de restitución de fondos, hasta eventual mal manejo que derive en acciones penales”, explicó en entrevista Ricardo García Sáinz, presidente de dicho órgano.
-Si es tan grave, ¿por qué le dan largas a la sanción?
-No son tantas largas. Usted no puede sacar un conejo de la chistera donde no hay conejo. No se pueden inventar las cosas-, declaró Carlos Payán, miembro del OCF.
Enseguida, Payán reconoció que detectaron un “descomunal desorden” administrativo y ejemplificó: “Está perfectamente claro lo de las camisetas, las facturas, no sabemos quién las ordenó. No hay orden en las facturas, simplemente se mandaron hacer, no hubo licitación para gastarse tantos millones de pesos. Hay dispendio”.
En el informe de auditoría se señala que hubo falta de documentación comprobatoria, ausencia de contratos debidamente requisitados que precisaran las condiciones de las operaciones del partido, en particular con la radio y la televisión.
Además, hallaron operaciones que no fueron registradas, por lo que el pasivo con proveedores de 30 millones de pesos creció a 168 millones, eso sin contar que de última hora Canal 40 y la empresa Alducin se presentaron a cobrar 11 y nueve millones de pesos, respectivamente, pero que el partido se niega a pagar porque no existe documentación alguna que sustente el cobro.
Aunque algunos oradores en el 16 Pleno ordinario del quinto Consejo Nacional del PRD postulaban la necesidad de emprender de inmediato una denuncia de carácter penal en contra de Robles y de quienes estuvieran involucrados, en el debate intervino Leonel Godoy Rangel, presidente del partido, para proponer posponer una determinación así.
La poblana Rosa María Avilés, diputada federal, dijo ante los consejeros que los autores de las irregularidades tienen nombre y apellido y que el partido no podía pasar por alto la situación que se pudiera convertir “en el Fobaproa o en el IPAB perredista”.
Guadalupe Acosta Naranjo, aún secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), se defendió de la acusación de Gerardo Fernández Noroña, quien sostuvo que en el actual comité había gente que fue corresponsable de Robles.
