Las pretendidas reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo en los rubros que tienen que ver con el régimen de pensiones y jubilaciones, avanzan por el sendero legislativo. Mientras tanto los líderes sindicales amenazas con estrangular al Distrito Federal, realizar paros escalonados e incluso estallar una huelga general.
El asunto más que complicado resulta grave, ya que el IMSS es la institución de seguridad social más grande del país y en donde se atiende a más de 55 millones de mexicanos. Una huelga general colocaría de pronto al Estado sin capacidad de respuesta para brindar el servicio medico más elemental a la mayoría de la población. Así de delicado.
En virtud de que en San Lázaro se ha allanado el camino para que las reformas se concreten (en especial con los votos ya comprometidos de panistas y priistas) la amenza de los líderes sindicales de llevar su movilización de protesta al extremo, prendió todos los focos rojos posibles al interior del gabinete foxista.
Por lo pronto el Secretario de Salud, Julio Frenk, asegura que las instituciones del Gobierno están listas para atender “lo urgente” en caso de que estalle la huelga en el IMSS. La postura del funcionario no ofrece ningún alivio, ya que en su conjunto, el sistema de seguridad social se encuentra actualmente en sus mínimos operativos.
El país se encuentra ante una situación límite. Por una parte no es posible proyectar la viabilidad en el futuro cercano de instituciones como el IMSS, con la pesada carga que significa el actual regimen de jubilaciones y pensiones, pero por otra parte, el Estado no cuenta con los recursos económicos, humanos y de infraestructura, para hacer frente a una eventual huelga general en el IMSS.
Sólo queda esperar prudencia y una visión realmente nacionalista en aquellos que hoy pueden crear escenarios de pronóstico reservado.
