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BOGOTÁ, COLOMBIA.- Las operaciones militares que se realizan en las selvas del suroccidente de Colombia han puesto en riesgo la vida de decenas de secuestrados entre dirigentes políticos, asesores estadounidenses, policías y soldados, dijo la guerrilla de las FARC.
“Las FARC advierten al presidente Álvaro Uribe que la vida de los canjeables corre grave peligro. Nuestras unidades tienen la orden de contrarrestar cualquier ataque militar”, dijo Raúl Reyes, portavoz de la guerrilla, en un mensaje divulgado por medios de comunicación locales.
El comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) señala que dentro del llamado “Plan Patriota”, las tropas del Ejército han llegado a la zona de El Billar, a unos 420 kilómetros al sur de Bogotá, en donde las FARC probablemente mantiene a varios de los secuestrados en campamentos en medio de la selva, a la espera de “canjearlos” por guerrilleros presos.
El Vicepresidente Francisco Santos afirmó ayer en rueda de prensa que el Gobierno no suspenderá el “Plan Patriota” a pesar de la advertencia de las FARC.
Adujo que el plan “está poniendo en riesgo a ellos (los guerrilleros). De alguna manera están tratando de alcanzar una protección. Si algo está siendo efectivo, y la declaración de Raúl Reyes lo pone de presente, es este plan”.
Reyes señaló que en la misma zona de El Billar se adelantaban los contactos con delegados de la Iglesia Católica que tienen la misión de impulsar el intercambio humanitario de los secuestrados por los guerrilleros encarcelados.
“En este momento prácticamente están rotos los contactos con la Iglesia y por ende sus buenos oficios están seriamente truncados por el Plan Patriota”, agregó el comunicado.
El Gobierno colombiano ha movilizado a millares de soldados, con el apoyo de la aviación militar, para recuperar amplios territorios que estaban bajo el dominio de las FARC, casi todos dedicados a los cultivos de coca. Se le ha denominado el “Plan Patriota”.
Las FARC tienen desde hace varios años secuestrados a dirigentes políticos, entre ellos a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y a cerca de 50 policías y militares, además de tres estadounidenses, a quienes califica de “prisioneros de guerra” por cuya liberación exige la excarcelación de centenares de guerrilleros que están en las cárceles condenados o investigados por la justicia.
Aunque el presidente Uribe ha dicho que está dispuesto al intercambio, la exigencia de la guerrilla de desmilitarizar de amplios territorios ha impedido concretar la negociación.
Reyes, que también es miembro del Secretariado de las FARC, dijo en el comunicado que Uribe pretende condicionar la no extradición de Simón Trinidad, dirigente de las FARC, a la liberación de los secuestrados.
En su mensaje Reyes afirmó que la guerrilla no acepta este tipo de condicionamientos para la entrega de los secuestrados, cuya única esperanza de libertad es el “canje”. Trinidad encabeza la lista de los guerrilleros que deben ser liberados dentro del intercambio.
Trinidad, uno de los varios representantes de las FARC en las negociaciones de paz celebradas entre 1999 y 2002, ya ha sido condenado por la justicia por los delitos de rebelión y secuestro y los Estados Unidos lo han pedido en extradición acusado de delitos relacionados con el narcotráfico.
Exigen acuerdo humanitario
Varias decenas de familiares de secuestrados por las guerrillas de las FARC se concentraron ayer en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana para exigir su liberación mediante un “acuerdo humanitario”.
a protesta fue organizada por la Asociación de Familiares de los Secuestrados y Desaparecidos (Asfamipaz) y el Partido Verde Oxígeno, de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en febrero de 2002 por rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El “plantón” en esta plaza, a pocos metros de la sede del Gobierno y de los poderes Legislativo y Judicial, busca llamar la atención de las autoridades y de la sociedad sobre la situación en que se encuentran sus familiares y amigos, según sus promotores.
Los familiares de los secuestrados reiteraron su exigencia al Gobierno de un “acuerdo humanitario” que permita el retorno a la libertad de quienes están en poder de las FARC, algunos de ellos desde hace más de seis años.
