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MÉXICO, DF.-Para presentar un balance sobre los diez años de México como país integrante de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), advirtió también que es urgente la implementación de reformas para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social de la población.
A pregunta expresa sobre el daño que provoca la corrupción, el economista de la OCDE apuntó que esta actitud se ?come y desvanece el elemento de confianza, además de que aumenta el costo de hacer negocios?, por lo que recomendó cambiar el sistema de regulación para hacer negocios.
Esto debido a que la regulación y normatividad que se aplica en México para este rubro es muy complejo y provoca actos de corrupción, por ello es necesario que los criterios para hacer negocios sean más sencillos, e incluso contemplen incentivos.
?El costo de la corrupción es obvio, es muy importante pero no estoy en una posición de decir específicamente cual es la mangnitud en términos dinero, pero podría considerarse miles de millones de pesos?, anotó Books.
Sin embargo, lo más importante es la existencia continua de problemas de ilegalidad que dañan la capacidad de la economía mexicana, para poder crear las condiciones necesarias donde los empresarios e inversiones extranjeras florezcan y aumenten.
En este sentido, aclaró que el flagelo de la corrupción no es un problema exclusivo de México, e incluso en la OCDE se firmó el Tratado contra la Corrupción y las Mordidas, pues, de acuerdo con un estudio que realizaron especialistas de Estados Unidos, en los países que conforman este ?club de amigos?, como él lo calificó, se considera que este vicio representa 40 mil millones de dólares.
Señaló como puntos esenciales para el crecimiento de la economía mexicana: la revisión de los programas sociales para el combate a la pobreza y el gasto público, en el sentido de no incrementar los presupuestos, sino hacer una revisión para darles más calidad a los programas de educación.
También impulsar las reformas estructurales que requiere el país, en los sectores energético y en telecomunicaciones; la reforma fiscal, en el sentido que aumente la base tributaria, y fortalecer a las instituciones del Estado para que impere la ley y el derecho.
