Responsabilizan a autoridades de tolerar invasión
Vecinos de la privada ?Villa Florencia? del Barrio de Tierra Blanca amenazan con ?tomar la ley por su propia mano?, en caso de que las autoridades no intervengan en el supuesto despojo del terreno destinado para área verde, que desde 1980, en que se creó el fraccionamiento, han mantenido en litigio, ya que por tráfico de influencias se ha pretendido adjudicar la superficie como propiedad de una persona, y han sido varias ocasiones en que han impedido físicamente que se inicie la construcción de un inmueble.
Ayer los vecinos, encabezados por Gustavo Adolfo Rodríguez, quien es el presidente del comité, denunciaron ante El Siglo de Durango las irregularidades legales que han prevalecido para evitar que físicamente se haga uso del terreno, como área verde y se construya una cancha de usos múltiples. Pero que ahora, nuevamente enfrentan la amenaza legal de que se reconozca como propiedad de una persona moral.
Con documentos en la mano, Gustavo Adolfo Rodríguez explicó que se trata de un área de 449.60 metros cuadrados, que desde que se fraccionó la privada en junio de 1980, según consta en las escrituras, la propietaria Flor de María Mejía Rodríguez de Bermúdez, entregó a título de donación, para que se utilizara como área verde.
A partir de 1981 empezaron las vicisitudes de los 23 vecinos de la privada para construir una cancha de usos múltiples. Para ello empezaron con la plantación de arbolitos y pasto e iniciaron gestiones para que las autoridades brindaran apoyos para lograrlo, y se introdujera el alumbrado público.
Sin embargo, un año después el Congreso aprobó que el Gobierno del Estado, entonces encabezado por Armando del Castillo Franco, vendiera el mencionado terreno a través de Almoneda Pública que apareció en el Periódico Oficial. Supuestamente el comprador fue el arquitecto Jaime Juan Manuel Zurita Ibáñez el 21 de enero de 1986. Pero al tratar de encontrar a esa persona, se detectó que era un ?fantasma? que se utilizó como prestanombres, ya que el mismo día que adquirió la superficie, lo vendió a Ramón Lechuga Velázquez, quien era el jefe de ayudantes del Gobernador.
Ramón Lechuga, según Adolfo Rodríguez, pretendió iniciar la construcción de un inmueble al llevar material al lugar, por lo que los vecinos lo impidieron, aun a pesar de las amenazas que recibieron. Al no poder edificar un inmueble, Lechuga supuestamente vendió en 1988 a José Guadalupe Mendoza Reséndiz, quien resultó ser su yerno, y quien para vencer la resistencia de los habitantes que se oponían a la construcción, utilizó gente armada, y aún así tampoco logró hacerlo.
Nuevamente hicieron la compra-venta a favor de Ramón Lechuga, quien a su vez lo comercializó a favor de Carlos Contreras, quien había aparecido antes de ello como vecino de la privada Villa Florencia, como arrendador de una de las casas. Y se ofreció a participar en las investigaciones. Fue así como después se prestó al contubernio con Lechuga, según los denunciantes.
DIFERENCIAS
Una vez descubierto, apareció su nombre en las escrituras que supuestamente avalaban la propiedad del terreno en febrero de 1990. En agosto de 1996, con la intención de ayudar a los vecinos, el entonces gobernador, Maximiliano Silerio Esparza, emitió decreto expropiatorio del área, según consta en el Periódico Oficial del mes de septiembre de ese año. Inclusive, Ignacio Villarreal de la Hoya, entonces director de Catastro, y el alcalde Marcos Cruz hicieron la entrega física de bien raíz el 13 de noviembre del mismo a favor de los vecinos, quienes revivieron el proyecto de cancha y recibieron el apoyo de empleados municipales para limpiar el suelo.
Carlos Contreras, quien vivía en la privada, como hasta ahora lo sigue haciendo, puso candados al portón que los vecinos habían instalado, a partir de que Ramón Lechuga bardeó el lugar.
Y además colocó una traila, andamios, una revolvedora y un camión grande (él es constructor), para evitar el acceso al terreno. Después lo reforzó con la presencia constante de cuatro vehículos. Aquí comenzaron nuevamente las penurias de los lugareños, que a pesar de las gestiones ante las autoridades no se les hizo caso, y el área en litigio permaneció ociosa.
En junio de 1999 apareció en remate de la Secretaría de Hacienda el terreno en disputa, por supuesto embargo que se ejecutó en contra de Carlos Contreras, por un adeudo de 121 mil 585 pesos. Lo empezó a comprar Jaime Delfino Ruiz Serrano, quien luego de hacer el depósito del diez por ciento del valor, acudió a conocer físicamente el lugar. Y al enterarse de la situación, prefirió abstenerse, por lo que obtuvo la devolución de su dinero.
Mientras que los gobiernos estatal y municipal siguieron ?aventándose la pelotita? de la responsabilidad en el litigio y no atendían las demandas de los vecinos, en la Semana de Pascua del 2004 aparece otra convocatoria de la Secretaría de Hacienda, en la que remata nuevamente el terreno. Pero resulta que al pagar supuestamente Carlos Contreras 15 mil pesos, recuperó el bien raíz.
Para según Adolfo Rodríguez lo anterior es incongruente, si se tiene en cuenta que en el Periódico Oficial del 2 de marzo del 2000, apareció un nuevo decreto que declaró insubsistente el expropiatorio de septiembre de 1996, restituyéndole sus derechos a Carlos Contreras, al considerar que después de un año, no se dio el uso de área verde.
A lo que los vecinos señalan que Carlos Contreras nunca los dejó e incluso siempre mantuvo a trabajadores de su constructora frente al terreno, ya que ahí rentó una casa. Además señalan que extrañamente se han registrado varios robos a las viviendas.
Acusan a Carlos Contreras de comprar el terreno, en caso de que así haya sido, con dolo y mala fe, por lo que recurren a la jurisprudencia de que ?no es jurídicamente válido darle consecuencia de derecho a un acto que se inició como un delito y es principio que fundamental que un acto ilícito debe ser nulo de pleno derecho hay vicios que lo originaron?.
Además señalan que cómo es posible que en marzo de 1999, en que se declara insubsistente el decreto expropiatorio, también la Secretaría de Hacienda embargue el terreno. Se trata de argucias legales apoyadas en la complicidad o negligencia de las autoridades y el tráfico de influencia, enfatizó Gustavo Rodríguez.
Por lo que reiteró que en caso de que las autoridades sigan poniendo oídos sordos al despojo del terreno, ?tomaremos la justicia por nuestra propia mano, y si ahora no hemos permitido que se construya nada, nos posesionaremos físicamente?.
