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MÉXICO, DF.- El titular de la Secretaría de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, reconoció que el índice de corrupción para México que anualmente da a conocer Transparencia Internacional tendrá un efecto negativo derivado de los “videoescándalos”.
En entrevista, dijo que luego de que de 2000 a 2003 se ha podido bajar la corrupción en poco más del 20 por ciento, la percepción que se tendrá de este fenómeno en este año puede ser contraria a esos avances de los años anteriores.
“Pero se puede ver que los casos que se han transmitido en televisión se procesan legalmente y por lo tanto, el mensaje es que no hay impunidad y eso favorece”, resaltó.
Detalló respecto a los índices de corrupción en México, que el porcentaje de personas que aceptaron haber dado “mordida”, ya sea para evitar que una grúa se llevara su vehículo al corralón, para sacar una licencia de manejar o por reconectar la electricidad, por ejemplo, pasó de 10.8 por ciento en 2001 a 8.5 por ciento en 2003.
Esto, según la Encuesta de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Internacional, capítulo México, que señala que las familias mexicanas, pagaron el año pasado 101 millones de pesos para poder acceder a servicios públicos.
Resaltó que para aquéllas de ingresos menores a un salario mínimo, el pago de estas cantidades llega a representar hasta el 30 por ciento del ingreso familiar.
Romero Ramos, quien encabezó junto a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, la firma del Convenio de Colaboración en Materia de Transparencia, Atención Ciudadana, Contraloría Social y Combate a la Corrupción, destacó también que en el índice elaborado en 2001 por el prestigiado despacho Pricewaterhousecoopers se señala que la falta de transparencia en México, equivale a un impuesto del 15 por ciento a toda la inversión en las actividades económicas.
Por ello, mencionó, revertir este estado de cosas ha requerido esfuerzos enormes de todos los sectores sociales, y se van percibiendo avances alentadores. Cito también el reciente informe global de competitividad del Foro Económico Mundial Davós, en donde se menciona que México avanzó seis lugares entre los países de Latinoamericana en cuanto a la calidad y transparencia de las contrataciones gubernamentales.
No obstante, reconoció que los recientes escándalos de corrupción pueden tener un efecto negativo en la percepción respecto a esos avances.
SIN MIEDO AL CASTIGO
Las sanciones severas aplicables a quien cometa actos de corrupción no inhiben su comisión en las entidades federativas, concluye el estudio “La tipificación de los delitos de corrupción en México”, elaborado por la consultoría CIE Consulting & Research:
*Para elaborarlo, la consultoría cruzó los resultados del Indice de Corrupción y Buen Gobierno realizado por Transparencia Mexicana (que ranquea a los estados según su grado de transparencia) con las penas contenidas en los códigos penales de los estados.
*Este cruce permitió concluir, por ejemplo, que aun cuando el Distrito Federal sanciona con hasta 800 días de multa el cohecho, hasta cuatro años de cárcel, destitución y hasta diez años de inhabilitación en el caso de servidores públicos, ocupó el lugar número 31 en el Indice de 2003, es decir, fue de los menos transparentes.
*A su vez, aunque el estado de México sanciona con hasta mil días de salario mínimo, hasta 12 años de cárcel, así como destitución e inhabilitación hasta por 20 años, ocupó el lugar 30.
*En Guerrero, el estado que presenta la pena corporal más severa (15 años); hasta 800 días de multa e inhabilitación equivalente al tiempo de la pena aplicada ocupa el lugar 28 en el Indice de Transparencia Mexicana.
*En contraste, Quintana Roo ocupó el segundo lugar el Indice y castiga con hasta tres años de cárcel y hasta 50 días de salario mínimo el cohecho.
*Aguascalientes registra una situación similar: castiga hasta con cinco años de cárcel y 150 días de salario mínimo a quien cometa este delito.
FUENTE: SUN-AEE
