Convertidos en turba, los diputados perredistas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal asaltaron no sólo la tribuna de San Lázaro —una práctica que miembros de distintas bancadas han adoptado alguna vez en ese recinto— sino que irrumpieron, en una mezcla de fuerza y engaño al salón de plenos del Palacio Legislativo.
Erróneamente y torcidamente, enfrentaron de ese modo la acción, errónea y torcida, con que las bancadas del PRI y el PAN pretenden asestar a los habitantes del DF (y de otros estados) un golpe de mano que mermará de un día a otro las finanzas públicas en esas entidades.
Después de un proceso ilegal (pues en vez de trabajar unidas como la regulación interna de la Cámara lo imponía, cada una de las comisiones que se ocuparon del dictamen actuaron a solas y sin discusión), ayer iba a presentarse en primera lectura (es decir, no se discutiría) ese dictamen que con una formulación inocua en apariencia, propone reformar el artículo 122 de la Constitución para que diga que “El Distrito Federal participará en la proporción que las demás entidades federativas en el gasto destinado al sostenimiento de la educación básica obligatoria”. Ese precepto, sin embargo, debe entenderse a la luz de los artículos transitorios.
El primero de ellos dispone, en una fórmula confusísima, que “el DF al igual que las demás entidades federativas deberá contribuir al gasto educativo, junto a la Federación, en un equilibrio equivalente al gasto medio nacional de aportación federal y estatal que se ajustará, anualmente, en función del crecimiento de la matrícula compuesta por alumnos de educación básica obligatoria”.
El segundo establece el mecanismo de cobro automático que privaría de hasta nueve mil millones de pesos a la ciudad de México: “La federación descontará de las participaciones en las contribuciones federales que correspondan al Distrito Federal, la cantidad que resulte conforme al párrafo anterior. Dicha cantidad será destinada a los estados que participen en proporción mayor al sostenimiento del servicio mencionado, a partir del primero de enero de este año.
El Gobierno capitalino, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (los tres poderes locales), así como los órganos autónomos (Comisión de Derechos Humanos, Instituto Electoral, Junta de Conciliación y Arbitraje, Tribunal de lo Contencioso Administrativo) expresaron en una comunicación pública su preocupación por el impacto que significaría en la vida institucional y social súbito recorte de los ingresos federales en la ciudad de México. Los titulares de esos órganos acudieron ayer a la Cámara de Diputados a expresar de viva voz esas preocupaciones ante la Mesa Directiva, cuyo presidente Manlio Fabio Beltrones los recibiría en los momentos en los que estalló la indigna e ineficaz trifulca protagonizada por diputados locales perredistas.
Los diputados federales Dolores Padierna y Eduardo Espinosa habían solicitado a la propia Mesa Directiva autorización para que los miembros de la Asamblea Legislativa ingresaran al área de visitantes, una práctica común que permite la asistencia de personas o grupos a los que concierne la discusión de un tema. No la habría ayer, pues sólo se trataba de la primera lectura, pero los legisladores capitalinos obtuvieron esa autorización.
De allí partieron, sin embargo, portadores de una enorme manta con que cubrieron la tribuna, en son de protesta por los efectos de la reforma al artículo 122 que apenas comenzaría su recorrido institucional.
Se apoderaron del espacio que conduce a la sillería de la mesa directiva y obligaron a que la sesión entrara en receso.
Su objetivo era impedir el comienzo del proceso legislativo, en petición de que se realice una consulta sobre el tema. A la hora en que estas líneas son escritas la Mesa Directiva de San Lázaro dialogaba con los legisladores que irrumpieron en su sesión. Difícilmente accederían el presidente y los vicepresidentes a suspender la sesión (que se había interrumpido al mediodía exacto) y difícilmente aceptarían los diputados locales perredistas (que contaron con el apoyo de algunos de sus compañeros, diputados federales) a retirar la manta de protesta y a retirarse ellos mismos del recinto. Estaba excluido el uso de la fuerza pública para expulsar a los invasores, según el presidente Manlio Fabio Beltrones, quien prefirió que el tiempo y el diálogo surtieran sus efectos.
Buena parte de las bancadas perredistas, así en la Asamblea como en la Cámara, no acaban de transitar de su condición de opositores practicantes de la acción directa a representantes populares con responsabilidades políticas de Gobierno.
Los 37 perredistas que integran la mayoría en el órgano legislativo capitalino cogobiernan la ciudad y proceden correctamente al expresar los intereses de los capitalinos frente a la agresión fiscal que se prepara en su contra. Pero actuaron con torpeza al escoger los medios de defensa de esos intereses. Habían comenzado bien la ruta de la impugnación, al asociar su inconformidad con la de otras instituciones capitalinas (que es la misma de agrupaciones civiles como el Colegio de Notarios y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública). Como órgano parlamentario, tenían y tienen delante de sí una variedad de recursos formales de los que carecen los grupos de activistas de que antes formaron parte algunos de los protestantes. Al equivocar el camino empeoraron la situación y no impidieron el golpe.
