Hace medio siglo, el diez de marzo de 1954, el doctor Mario de la Cueva renunció a la dirección de la Facultad de Derecho. Por la dimensión del personaje —uno de los más ilustres maestros universitarios a lo largo de la historia— y por los motivos de su dignísima actitud, el asunto importó entonces e importaría ahora. Pero su relevancia se acentúa porque el otro protagonista de esta historia (junto a De la Cueva, aunque situados en planos diferentes) mantiene tal presencia política que no sólo es Gobernador de una entidad sino que aspira con fundamento a la candidatura priista a la Presidencia de la República.
De la Cueva dirigió en la fecha indicada al rector Nabor Carrillo Flores —que había asumido su cargo en febrero de 1952— una amplia carta en que al mismo tiempo en que renunciaba, denunciaba conductas indebidas, incluso del propio rector. Éste, en efecto, el cinco de agosto de 52, “otorgó derecho a examen a un alumno que no había concurrido a clases”. Se trataba del joven Miguel Alemán Velasco, hijo del Presidente de la República. Meses más tarde, cuando éste había concluido ya su período gubernamental, al comenzar 1953, “el Departamento Escolar de la Universidad, pasando sobre los acuerdos del H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y con nueva violación a los reglamentos universitarios, concedió nuevos exámenes al mismo estudiante, sin dar aviso a la dirección de la Facultad de Derecho y designando jurados especiales”.
Tiempo más tarde, “la dirección de la Facultad de Derecho se informó por los periódicos que el estudiante afectado iba a sustentar su examen profesional. Creyó, en un principio, que la noticia era falsa, porque no tenía conocimiento de que se hubieran celebrado nuevos exámenes, pero al acudir a la sección de Derecho del Departamento Escolar, se enteró de la celebración de los exámenes, de que se había concluido la revisión de estudios y de la certificación de que el estudiante en cuestión había terminado sus estudios”.
De la Cueva expuso el caso al consejo técnico de la facultad que dirigía, el cual designó una comisión integrada por el propio director y los profesores Ricardo García Villalobos (que pocos años más tarde sería director de la propia facultad) y Raúl Cervantes Ahumada “para que estudiara el expediente relativo y rindiera un dictamen. En el seno de la comisión surgió una divergencia de opiniones, que dio origen al dictamen de los señores doctores Ricardo García Villalobos y Raúl Cervantes Ahumada y al voto particular del suscrito...”.
Los dos primeros “reconocieron en el dictamen la existencia de graves irregularidades y opinaron que esas irregularidades no producían la nulidad de los estudios; concluyeron proponiendo que se dijera a las autoridades universitarias que en lo futuro la Dirección de Servicios Escolares debería tratar todos los problemas por conducto de la dirección de la facultad. Sostuve en mi voto particular que el H. Consejo técnico de la Facultad debía limitarse a comprobar la existencia de irregularidades y consignar los hechos a las autoridades universitarias señaladas en el estatuto para decidir sobre la validez de los estudios y acerca de la responsabilidad de autoridades, profesores y estudiantes. “Por fortuna para el decoro de nuestra Facultad y de la Universidad, el H. Consejo técnico de la Facultad de Derecho, por mayoría de nueve votos contra cinco, reconoció la existencia de irregularidades... y ordenó se pusieran los hechos en conocimiento del señor Rector para el efecto de que en cumplimiento de la Ley Orgánica y del Estatuto universitario, dicte los acuerdos pertinentes”.
Le faltó razón al doctor De la Cueva, pues los hechos denunciados surtieron los efectos irregulares que beneficiaron al estudiante del caso. Quizá en previsión de que eso ocurriera, el director de la Facultad de Derecho juzgó necesario explicitar las razones de su posición: “La dirección de la Facultad de Derecho al exponer los hechos que dejo relatados en conocimiento del H. Consejo técnico, no tuvo otro propósito que defender el prestigio y el decoro de la Facultad, injustamente atacados desde el año 1952 cuando, por vez primera, se hicieron notar las irregularidades cometidas en perjuicio general de la disciplina y del trabajo escolar. Al obrar así, lo hice en la firme convicción de que mi silencio y la aprobación de una hoja de estudios de cuyas irregularidades no es responsable la Facultad, haría víctima a la escuela de nuevas e injustas acusaciones y calumnias”.
El tema, por el relieve político del joven Alemán —cuyo padre no era ya Presidente, pero gozaba de la cercanía del sucesor, como lo ha subrayado él mismo en su libro No siembro para mí, biografía de Adolfo Ruiz Cortines— había generado agitación dentro y fuera de la Universidad, en que el doctor De la Cueva era atacado con dureza, por grupos de interés alemanistas que pretendieron descalificar al director de la Facultad. A esa circunstancia aludió en su carta de renuncia:
“Fuerzas políticas extrañas a la Universidad, que debieran ser respetuosas de la dignidad y el decoro, están pretendiendo desorientar a la opinión pública, transformando un problema que es puramente técnico-universitario, en una cuestión personal en contra del director de la Facultad de Derecho”. Por eso, concluyó De la Cueva era “preferible alejarme de la Facultad para que el problema se resuelva en un ambiente de calma y por las autoridades competentes de la Universidad”.
