EFE
WASHINGTON, EU.- El plan de reforma Laboral del Gobierno sólo pondrá en peligro los derechos de los trabajadores del país, afirmó ayer el grupo Human Rights Watch (HRW).
El grupo defensor de los derechos humanos criticó en un comunicado los principales elementos del plan por considerar que los trabajadores mexicanos “ya afrontan obstáculos inaceptables” para formar sindicatos independientes, declarar huelgas o pactar acuerdos colectivos.
“La reforma propuesta por el presidente Vicente Fox, hará casi imposible el ejercicio de esos derechos, porque exigiría que los trabajadores cumplan primero con nuevos requisitos”, dijo el director para América de HRW, José Miguel Vivanco.
Agregó que, por ejemplo, antes de declarar una huelga, los trabajadores tendrían que obtener primero una serie de documentos que verifiquen su estatus sindical.
Sólo que estos documentos se consiguen únicamente de autoridades, como el Ministerio de Trabajo o las juntas locales de arbitraje laboral, que “típicamente son hostiles” a sindicatos independientes, dijo el representante de HRW.
Vivanco recordó que esas juntas son entidades tripartitas en las que los sindicalistas y representantes de los sectores público y privado provienen de sindicatos que suelen negociar acuerdos colectivos “sin el consentimiento, o incluso conocimiento, de la mayoría de los trabajadores”.
Para Vivanco, el plan de reforma debilitará los derechos de los trabajadores a la libre asociación y su capacidad para defender sus intereses.
Las críticas de la organización humanitaria surgen en vísperas de que Fox presente su nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos, una agenda de amplio alcance que pretende abordar una amplia gama de asuntos vinculados con los derechos humanos y laborales.
Vivanco señaló la contradicción de que el plan de reforma Laboral, tal como está concebido, minará ese nuevo programa de derechos humanos del Gobierno de México.
La reforma Laboral, que debate la Cámara de Diputados de México, goza del apoyo del sector privado, que la considera necesaria para que el país pueda competir en el mercado internacional. Según sus partidarios, la falta de modernización de las leyes laborales ha provocado un aumento en el número de trabajadores desplazados hacia la economía informal, que supera los once millones.
