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MÉXICO, DF.- El procurador capitalino Bernardo Bátiz tachó a los senadores que piden su destitución, como unos ignorantes por su desconocimiento de la Ley.
Integrantes de la Cámara Alta se pronunciaron por la remoción del procurador capitalino por dar a conocer información al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en relación a las declaraciones del jefe de escoltas del empresario Carlos Ahumada.
Bátiz dijo que ese no es el órgano encargado para su remoción y los conminó a estudiar bien la Ley.
Sin embargo, adelantó que acudirá a la comparecencia que le solicitaron los legisladores.
“Hay senadores que no han leído bien la Ley, pero si quieren con gusto yo los oriento”, señaló.
Cabe destacar que las críticas al procurador se refieren a que incumplió la secrecía que debe prevalecer en toda declaración ministerial y cabe destacar que por ello se legisló para que ni incluso los declarantes puedan tener copias de averiguaciones previas y mucho menos los medios informativos.
Por su parte, la defensa de los dos ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas local lanzó un llamado al procurador capitalino Bernardo Bátiz para que no deje escapar al ex jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Octavio Flores Millán, tal y como le ha sucedido con otros involucrados en los videoescándalos y fraude cometido contra esa delegación.
Arturo Guadarrama, defensa de Gustavo Álvarez y Blanca Estela Puga, criticó a la procuración de justicia del Distrito Federal que ha sido parcial en la aplicación de la Ley, toda vez que funcionarios menores fueron recluidos.
“Hay otros a los que no se les ha detenido bajo el argumento de que no se les encontró en flagrancia, pero tampoco a mis clientes; sin embargo, sabemos que el hilo siempre se rompe por lo más delgado”, enfatizó.
Indicó que concluyó el desahogo de pruebas en el juicio que se le lleva a sus defendidos y que ahora sólo esperan la fecha que el Juez 11, con sede en el Reclusorio Norte, les indique para iniciar el proceso de audiencia.
Es entonces cuando se espera que Ramos Millán acuda a rendir su declaración, toda vez que una de las pruebas principales de los acusados es que el ex jefe delegacional en Gustavo A. Madero fue quien concedió autorización a otros funcionarios de esta demarcación para firmar los pagos a las empresas ligadas con Carlos Ahumada, mismas que no realizaron las obras pactadas en esa zona del Distrito Federal.