La noticia fue presentada este martes de manera sucinta y aséptica. “Diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) -decía la información en el servicio en línea de El Universal—, interrumpieron la sesión en la Cámara de Diputados a fin de no permitir que se discuta el dictamen que reforma el artículo 122 Constitucional”. Los asambleístas iban encabezados por su líder Lorena Villavicencio, y querían sabotear la sesión donde se daría la primera lectura a ese dictamen que, de aprobarse, le quitaría al Gobierno del Distrito Federal nueve mil millones de pesos de recursos federales para gastos educativos.
Este es el último episodio de la epopeya del gobernante capitalino, Andrés Manuel López Obrador contra el Gobierno Federal y su lucha en donde ya no se sabe bien a bien qué hay de tras fondo, si evitar que descarrilen su candidatura presidencial para 2006, o si está apostando a convertirse en el Nelson Mandela del trópico, donde lo importante, estratégicamente hablando, no sea el poder sino pasar a la historia como un mártir. López Obrador se queja del recorte que pretenden, aunque el Gobierno y el resto de los estados del país lo ven como un subsidio directo al Distrito Federal que ellos no tienen y que, además, está bajo sospecha que el dinero no utilizado puramente en la educación, sino en programas clientelares de corte social.
Pero el punto central de esta reflexión no son los subsidios a la educación ni determinar quién tiene la razón. Es más bien la forma como el PRD entiende la política, y que aporta cotidianamente elementos de juicio para un electorado que debe empezar a analizar profundamente sus opciones para 2006. La irrupción de asambleístas perredistas al Congreso federal, que tuvo que entrar en receso para poder restaurar el orden, no es un asunto menor. Al ir encabezados por la líder del poder legislativo local, la intentona de sabotaje de una sesión adquiere un valor, negativo, cualitativamente mayor.
¿Qué significa que los asambleístas se hayan metido ilegalmente a suspender una sesión del Congreso? Lo mismo que si representantes del Gobierno o un grupo de personas de cualquier origen y tendencia hicieran lo mismo: se está vulnerando la soberanía de uno de los poderes del Estado, en un principio de lo que podría llegar a considerarse un golpe de Estado técnico.
Por supuesto que no debió esa ser la intención, entre otras cosas porque difícilmente Villavicencio entiende políticamente el concepto. Pero el precedente apuntaría en esa dirección. Para entenderlo de manera más gráfica, el mismo tipo de acción (suspensión de una sesión) fue lo que hizo el coronel Antonio Tejero en las cortes españolas en 1981, con el propósito de animar a los militares españoles a un golpe contra la incipiente democracia en ese país. Lo mismo hizo el presidente peruano Alberto Fujimori cuando en la década pasada, clausuró el Congreso porque le impedía gobernar como quería.
Los ejemplos son extremos por cuanto a consecuencias, pero son idénticos en cuanto a propósito de arranque. No se puede socavar una institución ni frenar los procesos legales porque se mina peligrosamente, en el caso mexicano, la democracia atropellada y de empellones que estamos viviendo. Representantes populares, por otra parte, no pueden estar tomando actitudes para las cuales no fueron electos; esto es, vulnerar una institución.
Lo que estos mequetrefes (entendiéndose el calificativo en la acepción de persona de “poco juicio”) hicieron, fue demostrar que dentro del PRD no han madurado lo suficiente para entender que hoy son parte de los órganos de Gobierno (en el caso de la capital federal, en el Ejecutivo y el Legislativo) y no un grupo de porros que quiere hacer su voluntad por la fuerza.
Mal servicio están haciendo a López Obrador, en cuya imagen va acumulando una cada vez más sólida percepción de que siempre se inclina por acciones extralegales, generando un miedo creciente en una parte del electorado (como los empresarios que financian campañas), y en el exterior (los inversionistas que huyen siempre de la falta de garantías jurídicas) que, juntos, podrían hacerle pasar una pésima jugada en su futuro mediato.
Pero peor servicio es el que proveen a la sociedad y, como consecuencia, al PRD, que por primera vez figura como una opción real de poder en las elecciones presidenciales de 2006. La imagen que dejan los asambleístas del PRD es el de un grupo de aventureros que no terminaron de entender que su rol dentro de la sociedad política es servir de contrapeso del Ejecutivo mediante la acción política, donde el uso de la fuerza es totalmente excluyente.
López Obrador tendría que deslindarse de ellos y condenar la acción ilegal en la Cámara de Diputados. Pero más importante, el PRD debe tomar el asunto seriamente y hacer de lado su molestia y protesta por la discusión del artículo 122 constitucional y emitir una condena -sí, así de fuerte, condena—, a sus militantes cuadros que cometieron esta salvajada antidemocrática.
El PRD debe comenzar a mostrar que pese a sus ayatolas y fedayines, hay políticos profesionales capaces de procesar los asuntos políticos y ser dignos representantes del mandato popular. El otro camino es por el que van: aventureros de medio pelo, expertos en grillas y presiones, pero incapaces de administrar, legislar y gobernar con responsabilidad.
rriva@eluniversal.com.mx r_rivapalacio@yahoo.com
