Los grupos paramilitares de Colombia planean un atentado contra el presidente por la postura contraria del gobernante a negociar con ellos la no extradición.
27 de abril 2004.
BOGOTA (AP).- La vida del presidente Álvaro Uribe está siendo amenazada por los grupos paramilitares, admitió el gobierno, que advirtió que si no dejan de atacar a la población civil, las negociaciones de paz con ellos no serán viables.
Estos propósitos de acabar con la existencia del mandatario, se suman a las intenciones que tienen en ese sentido las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"A las conocidas y reiteradas amenazas contra el Presidente de la República por parte del ELN y las FARC, se han sumado en las últimas semanas amenazas de sectores de Autodefensas y narcotraficantes", admitió la Presidencia de la República en un comunicado.
El ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, no explicó en que consisten las intimidaciones y aseguró a Radio Caracol que se "están tomando todas las medidas de protección".
En el pasado, el presidente Uribe ha sido objeto de atentados e intentos de ataques de las FARC. Este grupo detonó un carro bomba en Barranquilla al paso de su caravana cuando era candidato y luego atacó el Palacio Presidencial durante la toma del posesión en Bogotá.
"El proceso de paz con las Autodefensas ilegales no puede avanzar en medio de violaciones de cese de hostilidades, vendettas, negocios de narcotráfico, ni enfrentamientos entre grupos criminales", dijo el comunicado.
"Si las Autodefensas quieren avanzar en un proceso serio deben demostrar su voluntad de paz aceptando una zona de concentración, con reglas claras y bajo verificación de la OEA. Deben avanzar hacia la desmovilización. De lo contrario, el gobierno los seguirá combatiendo hasta acabarlos", agregó.
Este pronunciamiento se produce tras la desaparición del jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, ocurrida el 16 de abril en medio de un incidente armado, que para algunos sectores se trató de un atentado de una facción paramilitar rival y para otros, de un cruce de disparos accidental.
El gobierno recordó que le propuso a todos los grupos armados iniciar negociaciones previo cese de hostilidades, pero sólo los paramilitares aceptaron esa oferta y prometieron detener sus agresiones el 1 de diciembre del 2002.
Aunque una investigación de la Vicepresidencia de la República constató a principios de año que las AUC estaban vinculadas a 362 homicidios, 16 masacres y 180 secuestros desde entonces.
Por lo mismo, el gobierno exige la concentración de los paramilitares en zonas específicas para poder verificar el compromiso de no atacar a la población civil.
Las AUC se niegan a esta posibilidad mientras las fuerzas del Estado no aseguren el control de áreas bajo su influencia.
Ante la exigencia de los comandantes paramilitares de un compromiso para no ser extraditados a Estados Unidos por narcotráfico -el líder militar de las AUC Salvatore Mancuso es requerido-, el gobierno precisó que no transará.
Uribe combate a paramilitares
El proceso de paz entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe y grupos paramilitares, estaría en la cuerda floja, luego de la desaparición de su líder Carlos Castaño y de las continuas acciones violentas por parte de estos grupos.
Uribe subrayó que la orden es combatir a los paramilitares. "Quiero recordar que los grupos que están en proceso de paz tienen que respetar el cese de hostilidades; de lo contrario, la orden a la fuerza pública es que los desmantele porque el compromiso nuestro es recuperar plenamente el imperio de la constitución y la ley".
El presidente Uribe dijo que su orden a la fuerza pública es combatir a la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares.