El proyecto de Ley de George Bush facilita a las autoridades la deportación de quienes no poseen la ciudadanía
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WASHINGTON, EU.- El presidente estadounidense, George W. Bush, se enfrenta esta semana con una primera prueba en su política de inmigración mientras que el Congreso estudia una legislación denunciada por los grupos latinos como antihispana y antiinmigración.
Varias disposiciones que afectarían las vidas de los inmigrantes y de los demandantes de asilo político terminaron formando parte de un proyecto de Ley aprobado para reformar los servicios de inteligencia del país.
El proyecto de Ley se elaboró por recomendación directa de la comisión bipartita encargada de investigar los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. La versión realizada por el Senado de este proyecto de Ley no contiene estas cláusulas sobre la inmigración.
Los congresistas y senadores intentaron una vez más reconciliar sus proyectos de Ley cuando el Congreso volvió a reunirse en una sesión extraordinaria esta semana. La Casa Blanca mostró su fuerte oposición a algunas cláusulas impuestas por la Cámara de Diputados pero queda por ver si Bush está dispuesto a destinar parte del capital político para presionar a los legisladores republicanos.
?Los parlamentarios republicanos creen que tiene fuerza en este tema y parecen preparados. Ellos parecen querer hacer creer que los inmigrantes son los chicos malos en la guerra contra el terrorismo?, dijo Ángela Kelley del Foro Nacional de Inmigración, un grupo a favor de la inmigración.
Los opositores al proyecto en la Cámara de Representantes dicen que provocaría más dificultades para los refugiados que desean obtener asilo político en Estados Unidos al elevar los requerimientos necesarios. Además facilita a las autoridades la deportación de aquellos que no poseen la ciudadanía, incluyendo a los residentes legales.
?El proyecto de Ley es el mayor ataque que jamás hemos visto al asilo político. Si es aprobado podría dificultar enormemente la existencia de asilados en este país?, dijo Erin Corcoran, miembro de Derechos Humanos Fundamentales.
El proyecto de Ley también busca prevenir que los inmigrantes ilegales obtengan permisos de conducir y retiraría las tarjetas de identificación usadas por las embajadas latinoamericanas que actualmente permiten a muchos inmigrantes abrir cuentas bancarias, obtener permisos de conducir y tarjetas de embarque.
México tiene emitidas alrededor de dos millones de estas tarjetas, conocidas como ?matrícula consular? para sus ciudadanos, tanto si éstos están en el país de forma legal como si lo están ilegalmente y también son usadas por otros países latinoamericanos.
Cuatro de las mayores organizaciones latinas publicaron el mes pasado un comunicado conjunto definiendo las cláusulas como ?antilatinas y antiinmigración?.
?Estas cláusulas tendrán un profundo y negativo impacto en los latinos y en otras comunidades de inmigrantes. No estaremos más seguros y de hecho, quizá estemos más inseguros al introducir un obstáculo entre las comunidades estadounidenses y el cumplimiento de la Ley?, declararon las asociaciones.
El representante republicado de Wisconsin, James Sensenbrenner, firme defensor del proyecto de Ley, dijo que todas estas cláusulas emanaban directamente del informe presentado por la Comisión del 11 de septiembre.
?La legislación realza la seguridad en nuestras fronteras y reduce las oportunidades de los terroristas de entrar y quedarse en Estados Unidos?, dijo.
Dan Stein, de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, que está a favor de reducir la inmigración, declaró que las cláusulas cerrarían brechas legales en la defensa del país al hacer más fácil la identificación, el rastreo y la deportación de inmigrantes ilegales.
Pero la Comisión del 11 de septiembre negó que estas cláusulas formasen parte de su informe.
?Creemos firmemente que este proyecto de Ley no es la mejor opción para acometer el controvertido tema de la inmigración y el refuerzo de las leyes recomendado por la Comisión?, declararon el presidente de la Comisión, Thomas Kean y el vicepresidente, Lee Hamilton, en una carta hecha pública el mes pasado.
Bush se hizo con el 44 por ciento de los votos de la creciente población latina en las elecciones presidenciales celebradas el dos de noviembre, superando el 35 por ciento conseguido en 2000. Su Gobierno ha declarado que quiere realizar una reforma en las leyes de inmigración durante su segundo término.
Sin embargo, una buena parte del partido republicano se opone a cualquier concesión respecto a los inmigrantes ilegales y le gustaría incluir restricciones adicionales que afecten a los inmigrantes legales.
