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MÉXICO, DF.- La Cámara de Diputados comenzó la defensa legal en contra del recurso de controversia que presentó el titular del Poder Ejecutivo, Vicente Fox Quesada, por el Decreto de Presupuesto, y, a través de su presidente Manlio Fabio Beltrones, adelantó la posibilidad de convocar a terceros interesados en el caso, como gobernadores, presidentes municipales o rectores de universidades.
Además, también se puso sobre la mesa la posibilidad de solicitar que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, se excuse de conocer el caso, pues podría considerarse que es parte interesada en el mismo, según el mismo Beltrones Rivera.
El presidente de la Cámara de Diputados se reunió ayer por la tarde con los juristas Ignacio Burgoa Orihuela, Raúl Carrancá y Rivas y Diego Valadés Ríos, el primero especialista en Derecho Constitucional y los otros dos penalistas.
Beltrones Rivera reveló que existe la posibilidad de convocar a los gobernadores, rectores de universidades públicas y presidentes municipales a que se unan en la defensa del Decreto de Presupuesto para 2005, en calidad de terceros interesados.
“Surge la idea, que podrá concretarse en enero próximo, de poder citar a terceros posibles perjudicados de esta controversia y podrían ser los gobiernos de los estados, los presidentes municipales que se viesen afectados por la reducción presupuestal, las universidades y sus rectores, que también podrían verse perjudicados por una controversia constitucional de esta naturaleza. Todos deberán ser escuchados por la Corte.”
Los tres abogados coincidieron en sus criterios al referir que el titular del Poder Ejecutivo no tiene derecho a vetar el Decreto de Presupuesto. Carrancá y Rivas dijo: “Cada uno se comprometió a elaborar un proyecto de ideas. Tendrá como punto fundamental de partida la copia que recibiremos en las próximas horas del documento y sobre eso tendremos una base sólida.
Aceptamos colaborar muy gustosos, porque hubo coincidencia de criterios en que no tiene razón el presidente para invocar la presencia de la SCJN, no tiene la facultad, no tiene la razón”.
Incluso reveló que en la mesa se puso a discusión la posibilidad de solicitarle a la SCJN que el presidente de la misma, el ministro Mariano Azuela, no tenga conocimiento del caso por considerarse que es una parte interesada.
“Me inclino por el criterio de que el señor presidente de la Suprema Corte, al inconformarse con el criterio, ya inclinó la balanza y en estricto derecho la Ley ordena que cuando hay un interés, el juez se abstenga. En teoría se deberían abstener los ministros, todos, pero si lo hacen ¿quién resuelve? y eso es un problema”, dijo.
Indicaron que analizarán lo que surja de la controversia interpuesta por Fox ante la Corte y que se reunirán de nueva cuenta hasta enero en día por definir a fin de delinear la respuesta que darán al momento que se notifique de manera oficial a la Cámara de Diputados de la controversia interpuesta.
Burgoa Orihuela sostuvo: “El presidente no tiene facultad de veto. Hay diferencias de criterios entre lo que expone el presidente y lo que expone la Cámara (de Diputados), pero para eso requerimos al menos dos días de discusión”.
Diego Valadés comentó que en este caso el veto del presidente Fox “es un veto imposible, por las consecuencias que tiene por dejar al país sin presupuesto y esto debió ser advertido por el presidente porque finalmente lo publicó”.
Precisó que ninguno de los abogados que participarán va a recibir pago alguno por su asesoría. “Es una invitación a título personal, y así decidimos asesorar”, dijo el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Comentó que la Corte es “respetabilísima y su objetividad está fuera de duda. El ministro Azuela está en su derecho de pedir más presupuesto para el Poder Judicial”.
